Por Redacción
El Consejo de Mayo volvió a reunirse este lunes en la Casa Rosada, donde funcionarios del gobierno libertario, empresarios y algunos representantes sindicales retomaron la discusión sobre una reforma laboral que apunta a recortar derechos conquistados. Julio Cordero, secretario de Trabajo de la Nación, encabezó la mesa, flanqueado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y figuras como el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, los legisladores Carolina Losada y Cristian Ritondo, y dirigentes empresarios como Martín Rappallini de la Unión Industrial Argentina (UIA).
Durante tres horas de hermetismo, la cúpula libertaria buscó reactivar los compromisos firmados con gobernadores el 9 de julio y dejar allanado el camino para aplicar la reforma después de las elecciones legislativas de octubre. En los pasillos de Balcarce 50 reconocen que necesitan un Congreso alineado para avanzar sin trabas sobre convenios colectivos que, según sus socios empresarios, resultan obsoletos y costosos.
Los funcionarios apuntan a instalar la idea de que la “formalización” de trabajadores informales es la prioridad, aunque detrás de ese discurso se esconden proyectos para fragmentar la negociación colectiva y limitar las cuotas solidarias que sostienen la estructura sindical. Puntos que ya habían fracasado con el DNU 70/2023 y provocaron el rechazo de la Confederación General del Trabajo (CGT).
Mientras Milei cierra filas con gobernadores y legisladores, la reforma laboral se convierte en una pieza clave para golpear derechos conquistados. La estrategia oficial marca diciembre como meta para acordar la letra chica y lanzarla cuando se aseguren nuevas mayorías legislativas. El cierre de listas bonaerenses mostró que el Presidente prioriza estos cambios por encima del calendario electoral.
En el Movimiento Obrero crece la tensión ante la posibilidad de que la descentralización de convenios y la reducción de aportes solidarios desarmen la fuerza de los sindicatos. La pulseada queda planteada: Milei y sus socios buscan avanzar a espaldas de los trabajadores para favorecer intereses empresarios mientras debilitan la capacidad de organización colectiva.
La hoja de ruta del Ejecutivo apunta a cerrar un acuerdo definitivo en diciembre y anunciarlo después de los comicios, con la expectativa de contar con mayorías parlamentarias que allanen el camino para desmontar derechos conquistados. Mientras tanto, el Consejo de Mayo se sostiene como espacio de negociación mensual para avanzar sin freno con reformas que afectan de forma directa a millones de trabajadores.
La intención es sostener estos encuentros una vez por mes para asegurar la aplicación de los 10 puntos del Pacto de Mayo, que Milei y sus socios presentan como un plan de modernización pero que, en la práctica, busca consolidar un modelo que perjudica a quienes viven de su trabajo. El decálogo plantea:
La inviolabilidad de la propiedad privada.
El equilibrio fiscal innegociable.
La reducción del gasto público a niveles cercanos al 25% del Producto Bruto Interno.
Una reforma tributaria que baja la presión impositiva para los sectores de mayor poder económico.
La rediscusión de la coparticipación federal para reforzar la dependencia de las provincias.
El compromiso de las provincias para explotar recursos naturales sin control popular.
Una reforma laboral que recorta derechos y limita la negociación colectiva.
Una reforma previsional que habilita sistemas privados de jubilación y pone en riesgo la seguridad social.
Una reforma política que ajusta el sistema para garantizar la disciplina de los representantes.
La apertura al comercio internacional sin protección para la industria nacional.
