*Por Gustavo Ramírez
“La gente tiene hambre” declaró un delegado de una empresa textil que cerró sus puertas y dejó, sin previa notificación, a sus empleados en la calle. GGM hace meses que no opera y 280 trabajadores se encontraron, de golpe, sin su sustento diario. Y esa frase estridente sonó como termómetro de una realidad furtiva que arrasa con el paradigma de la justicia social.
No es el único frente de ataque que abre el oficialismo en el gobierno. Durante los últimos días la agenda mediática, gentil en el servilismo económico e ideológico, instaló la “idea” de una reforma laboral en nuestro país. El antecedente inmediato es lo ocurrido en Brasil, donde el gobierno ilegítimo de Temer barrió con los derechos laborales.
“Lo vamos a hacer en base a consenso y al diálogo. No es que va a haber sorpresas y va a caer un exocet -misil- sobre la cabeza de nadie” expresó el vicejefe de Gabinete Mario Quintana. Claro que el mentado “consenso” es un eufemismo que encubre la imposición de una transformación que terminará por arrasar principios laborales que le costaron sangre a nuestros trabajadores.
El intento del gobierno no es gratuito, mucho menos inocente. Responde a un plan de gobierno y a la estructura de poder que representa Cambiemos. En ese sentido no se deja de repetir como argumento económico que el costo laboral es alto y que ello impide el desarrollo empresarial, que por decantación y configuración espontánea, generará más empleo. Esa argumentación no es más que una pantalla para debilitar al salario y precarizar las condiciones del empleo.
Los costos empresariales no están en la mano de obra. De lo contrario, por ejemplo, muchas PYMES no habrían cerrado sus puertas por los “tarifazos” en los servicios. Lo que busca el Gobierno, bajo la aplicación de viejas recetas económicas que han llevado al mundo a la crisis, es abonar un terreno fructífero para las ganancias empresariales y financieras a costa del sacrificio de los trabajadores. Después de todo el presidente es un empresario que ha pedido una y mil veces que sean los obreros quienes paguen los costos del esfuerzo.
Pero Argentina no es Brasil. Nuestro país cuenta con un Movimiento Obrero que, más allá de posturas coyunturales, sabe como moverse en la resistencia y en la lucha. Y sobre todo cuenta con el peso de la historia a su favor. Ya casi nadie lo recuerda. Los trabajadores contamos con el precedente de una constitución que le daba marco legal a los derechos laborales, a la justicia social. La Constitución del ’45 no debe ser menospreciada por la infausta gesta del golpe oligarca del ’55. Mucho menos por la elección del 2015. La consagración constitucional de los derechos del trabajador representa un hecho político que trasciende los márgenes de la reivindicación.
Perón no improvisó la garantía de dichos derechos en la turbulencia de la demagogia, como muchos agentes anti-populares reproducen, lo hizo como desarrollo de la estrategia de poder de su gobierno. Su alianza no fue con el poder financiero, fue con el poder de las bases. Un hecho sin dudas revolucionario. Es cierto, los tiempos cambiaron. Ya no está el General. Pero la memoria prevalece. Y allí, en parte, radica la fortaleza del Movimiento Obrero organizado. En esa alianza imperecedera con su líder. Esta afirmación no es una proclamación esotérica. Es, en sí misma, la raíz de la esencia del sindicalismo en nuestro país.
La importancia de las organizaciones sindicales cobra sentido, no el fragor de confrontaciones gremiales solamente, sino en el núcleo vertebral del hecho social y político. Los sindicatos son manifestaciones políticas en el seno de lo social. Eso hace distintiva a su fuerza a nivel mundial. Dentro de esa fuerza existen tensiones y diversas manifestaciones discursivas. Es lógico entonces que no exista una conformación monolítica, pero sí orgánica. Algo que al kirchnerismo y al cristinismo, también, les cuesta reconocer.
El Gobierno dejó en claro que va por la flexibilización laboral como objetivo político. Por ello también ataca a las instituciones sindicales. Lo expuesto demuestra que para Cambiemos, reproductor de las ideologías más primitivas de la derecha reaccionaria, el Movimiento Obrero es el enemigo y la traba más importante en su gestión. En este estadio de gestión neoliberal el oficialismo necesita ir contra las organizaciones sindicales y contra los trabajadores. Una premisa económica que le urge.
En este terreno el Movimiento Obrero, que no se termina en la CGT o en la CTA, da una batalla casi en soledad. Al campo político del movimiento popular le cuesta comprender el arraigo histórico y la alianza permanente de los trabajadores con el peronismo. La unidad no sólo es imprescindible en el frente electoral. Se necesita recuperar ese lazo sustancial que constituyó la garantía de movilidad social, por ejemplo, durante el gobierno de Néstor Kirchner. Una alianza estratégica que trascienda el contexto y que prescinda de la mirada moral y sectaria.
*Director Periodístico de AGN Prensa Sindical
Periodista: La Señal Medios/ Radio Gráfica / Palabra Sindical
