Por Redacción
Un informe elaborado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES), el CEUR Conicet y el Instituto de Geografía de la UBA destaca el deterioro en la calidad de vida de quienes alquilan, proporcionando datos estadísticos seis meses después de la derogación de la ley que regulaba el mercado de alquileres.
El estudio muestra que, antes de la derogación, “la mitad de los contratos ya no respetaban la ley vigente”. Posteriormente, las condiciones han empeorado: “los contratos disminuyeron, se redujo su duración y aumentó la frecuencia de actualización de los precios”. La encuesta también refleja una situación económica cada vez más precaria, con un alarmante “62% de los hogares inquilinos declara ingresos por debajo de la línea de pobreza”.
Mientras que en otras ciudades del mundo se implementan medidas para proteger a los inquilinos, el actual gobierno nacional ha “dispuesto una radical desregulación del mercado de alquileres” y omite “toda política en beneficio de la población inquilina”. Esto afecta la previsibilidad que debería caracterizar a un sector en crecimiento que enfrenta dificultades para acceder a una vivienda digna.
El informe revela que “el 59% de los hogares solicitó dinero en bancos y financieras y/o a parientes y personas conocidas”, una cifra similar a la de 2022, aunque ha aumentado el número de hogares endeudados que utilizan el dinero para pagar el alquiler, pasando del “62% al 67%”. A pesar de esto, el porcentaje de hogares que debe el alquiler creció por primera vez desde la pandemia, aumentando del “18% al 21%”.
Por otro lado, “el 60% de los hogares está atrasado con el pago de impuestos, servicios, cuotas de colegios, prepagas o repago de créditos y diferentes financiamientos públicos y privados”. La situación es crítica, ya que “aumentó la proporción de hogares que destina menos de un cuarto de sus ingresos al alquiler” del “11% en 2022 al 21% en 2024”, al mismo tiempo que creció “la de los que destinan más de la mitad” de sus ingresos al alquiler, del “32% al 38%“.
El informe indica que “uno de cada tres hogares inquilinos (36%) está hacinado”, y entre los hogares que están por debajo de la línea de pobreza, “esto sucede en uno de cada dos (55%)”. La mayoría de las viviendas alquiladas son de uno (27%) y dos ambientes (42%), mientras que los hogares inquilinos suelen estar compuestos por dos (22%) o tres personas (25%).
Quienes fijaron su alquiler en 2024 mayoritariamente pactaron arreglos formales o informales por “dos años (37%)”, mientras que el “41% de quienes firmaron antes de 2024 tiene aún contratos por tres años”. De cara al futuro, las expectativas de los inquilinos han empeorado, con un aumento en “la proporción de hogares que cree que deberá rescindir anticipadamente o que no podrá renovar (33%)”.
El 42% de los encuestados espera que la situación del mercado de alquileres “empeore” y el 22% cree que continuará “igual de mal”. Asimismo, crece el porcentaje de personas que piensa que su próxima vivienda será “similar o peor que la actual”, mientras que disminuye la de quienes esperan que sea mejor. La mayoría (43%) cree que en cinco años continuará alquilando o incluso “no sabe si tendrá dónde vivir (24%)”.
El 56% de los hogares reporta ingresos totales por debajo de los $600.000, incluyendo un 26% que indica ingresos iguales o menores a $300.000. Según las canastas básicas definidas por el INDEC para mayo de 2024, “el 62% se encuentra por debajo de la línea de pobreza”. Aunque el 68% de los hogares alquila viviendas por $200.000 o menos, el 90% de los hogares que destina más de la mitad de sus ingresos al alquiler “es pobre”.
Esta situación se traduce en un aumento del hacinamiento, con “el 55% de los hogares por debajo de la línea de pobreza se encuentran hacinados”, mientras que solo “el 7% de los hogares no pobres está en esa situación”.
29/10/2024
