Por Redacción
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa celebró la reciente reglamentación del capítulo laboral comprendido en la polémica Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Según la entidad, los cambios propuestos “reflejan de manera positiva” las demandas que las pymes le presentaron al secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero.
El entusiasmo empresarial está marcado por una agenda que claramente prioriza el recorte de derechos laborales y flexibiliza condiciones para los empleados. Alfredo González, presidente de CAME, destacó la eliminación de las multas a los empleadores, una medida que, según su visión, “reducirá la litigiosidad laboral”.
Esta afirmación, sin embargo, ignora cómo estas multas muchas veces son la única defensa de los trabajadores frente a abusos patronales. La supuesta “facilitación de relaciones laborales” y los “nuevos mecanismos” para el sistema de indemnizaciones no son más que un paso hacia la precarización del empleo formal, favorecen la rentabilidad de las empresas a costa de los derechos adquiridos por los trabajadores.
González expresó que los sistemas indemnizatorios “voluntarios” permitirán ofrecer “mejores condiciones” tanto para empleados como para las empresas. No obstante, la voluntariedad de estos sistemas no garantiza mejoras reales para los empleados, quienes se encontrarán en una posición de debilidad frente a los empresarios.
En tal sentido, el titular de CAME expresó: “La reglamentación establece distintos sistemas indemnizatorios que deberán ser evaluados a medida que se vayan generando. Pero al ser voluntarios, es de esperar que ofrezcan mejores condiciones para el trabajador y para la empresa. Esto conlleva a que estemos hablando de un sistema mejor al actual”.
Al mismo tiempo, indicó que “por otro lado, el sistema otorga previsibilidad al sector empresario, ya que los montos indemnizatorios y las tasas de interés aplicables no dependerán de los vaivenes jurisprudenciales”.
CAME, en su afán de adaptarse a lo que llama “nuevos tiempos”, minimiza la importancia de los 50.000 puestos de trabajo perdidos en las pequeñas y medianas empresas en la última década. La adecuación laboral que supuestamente no implicaría la pérdida de derechos, deja en evidencia que lo que realmente se busca es un retroceso en la defensa de los derechos laborales bajo el pretexto de “modernización”.
La entidad asegura que estas reformas permitirán “generar más puestos de empleo registrado”, pero en realidad abren la puerta a un escenario donde las pymes puedan contratar sin comprometerse a respetar las conquistas laborales que tanto han costado a los trabajadores. En definitiva, CAME aplaude una normativa que beneficia a los empresarios y precariza aún más a quienes dependen de su empleo para sobrevivir.
28/9/2029
