Por Guadi Calvo
A poco más de tres años de que los militares birmanos volvieran a tomar el gobierno de su país, ya que en verdad el poder nunca lo habían abandonado, se enfrentan a operaciones armadas en prácticamente todos los estados y las regiones en que se divide el país. (Ver: Birmania, un incendio al sur de China).
Unas cincuenta formaciones armadas, que responden a los principales grupos étnicos, de un total de ciento cuarenta que componen el espectro birmano, desde octubre del año pasado, cuando un poderoso bloque insurgente abandonó el alto el fuego informal que mantenían desde hacía años con el gobierno central, lanzando una operación coordinada en el norte del estado de Shan.
El Tatmadaw, en birmano “Fuerzas Armadas Reales”, nombre que proviene de los tiempos de la monarquía, ha sufrido una serie de importantes derrotas que, por primera vez en la historia moderna del país, hacen temblar su poder omnímodo y fundamentalmente al de su actual jefe, el general Min Aung Hlaing.
La junta, desde entonces, ha ido perdiendo territorios clave a lo largo de las fronteras con Bangladesh, China e India; y según diferentes analistas, parece poco probable que los vuelvan a recuperar en un breve plazo.
También se prevé la caída de la ciudad de Myawaddy, en el oriental estado de Karen, uno de los más importantes cruces fronterizos con los que cuenta el país, por su flujo comercial con el reino de Tailandia. En esa área, tras duros combates con la Unión Nacional de Karen, numerosos efectivos del gobierno se rindieron en los últimos días, según lo ha informado el vocero de las Organizaciones Armadas Étnicas (OAE), un conglomerado de grupos insurgentes que se ha formado tras el golpe del primero de febrero de 2021. Estos grupos, ahora asociados bajo el paraguas de la OAE, luchan desde hace décadas contra el poder central por diferentes niveles de autonomía e independencia.
Sobre la junta militar también pesan acusaciones de repetidos bombardeos y ataques aéreos contra población civil, además de ejecuciones en masa en diferentes regiones del país y también en las que sigue manteniendo, como las del centro del país, incluidas las grandes ciudades como Yangon, Mandalay y Naypyidaw, esta última la capital de la nación. Mientras tanto, en los estados fronterizos de Chin, Rakhine, Shan, Karenni y Karen, los avances de las diferentes guerrillas como la Fuerza de Defensa Nacional Chin o el Ejército de Arakan son cada vez más exitosos. (Ver: Birmania: Las guerras étnicas diezman al poder militar).
Debido a que el ejército federal se vio obligado a desplegar múltiples frentes sin lograr contener los ataques y los avances en diversas regiones, el gobierno se ha visto obligado a reinstalar la ley de incorporación forzosa o conscripción, tanto para hombres como mujeres. Esta medida ha generado más inestabilidad política y protestas sociales, lo que añade mayor presión al gobierno del general Hlaing.
Las derrotas y rendiciones, que se han acelerado desde principio de año y en estas últimas semanas se han multiplicado, más allá del efecto político, incluso al interior de la junta, y el golpe anímico en las tropas, tiene una consecuencia práctica: Mucho de los equipos militares y armamento abandonado, incluso vehículos blindados y algunos obuses, es rápidamente incorporado a las filas insurgentes, por lo que el estado birmano, está pasando a convertirse en el mayor proveedor de armas de sus enemigos. En las fronteras con India, Bangladesh, China y Tailandia, se repiten las escenas, donde se ven a desertores totalmente desarmados buscado refugio en los países vecinos.
Políticamente, el gobierno no está mucho mejor, desde el derrocamiento del primer gobierno democrático de la historia birmana, al que de manera solapada dirigía la legendaria Aung San Suu Kyi (Premio Nobel de la Paz 1991) hoy condenada por corrupción a veintisiete años de prisión, la oleada de protestas civiles, que han sacudido la vida de los cincuenta y cuatro millones de birmanos, las que fueron reprimidas con extrema violencia y que han dejado muertos, desaparecidos y miles de detenidos, lo que también provocó que muchos civiles tomaron las armas y se unieran a las diferentes fuerzas que luchan contra el gobierno.
Si bien la señora Suu Kyi, de una larga carrera política, que la llevó a prisión domiciliaria, entre 1989 y 2010, manteniendo a pesar de las acusaciones de corrupción altos índices de popularidad, alguna vez tendrá que dar cuenta de su injerencia en el genocidio del pueblo Rohingya, la minoría musulmana, perseguida históricamente en Birmania, país de una enorme mayoría budista.
De los casi dos millones de Rohingya que vivían en el estado de Rakhine hasta el 2017, año en que comenzó el exterminio, quedan algunos miles. El resto, de los que no han sido asesinados por los constantes pogroms a manos de fuerzas militares, policiales y bandas de fundamentalistas budistas, tolerados por la señora Suu Kyi, han debido abandonarlo todo para escapar principalmente a Bangladesh. Allí, poco más de un millón se hacinan en los campos de refugiados de Cox’s Bazar, este de Dacca, o deciden lanzarse al mar directamente en embarcaciones en largas y erráticas derrotas que, en muchos casos, terminan en naufragios.
La mirada de los vecinos
La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), con una importante influencia de los Estados Unidos y políticas antichinas extremas, ha monitoreado la crisis birmana, incluso intentando mediar sin éxito.
Aunque, dada la debilidad mostrada por la junta militar, es probable que vuelva a intentarlo para iniciar conversaciones con el Gobierno de Unidad Nacional. Este gobierno es una alianza de distintos partidos y organizaciones sociales que se han opuesto al golpe desde el primer día y en gran parte han sido responsables de todas las acciones políticas contra la junta. Sin embargo, su principal premisa es que los militares estén dispuestos a abandonar el control.
En este contexto es donde juega fuerte China, que ha mantenido históricamente una importante influencia, por momentos muy compleja, en lo económico, político y militar con sus vecinos del sur. Beijing nunca aprobó el golpe, ya que había establecido fluidas relaciones con el gobierno de la señora Suu Kyi, con sustanciales inversiones en diferentes áreas, incluso la construcción de un puerto y una línea férrea para comunicar a China con el Golfo de Bengala, además de un oleoducto. Además, el gobierno de Xi Jinping se encuentra muy irritado por la pasividad de los militares birmanos para combatir la proliferación de centros de estafas en línea dirigidos a ciudadanos chinos.
A punto de que algunas fuentes insisten en que China habría aprobado la embestida de los grupos étnicos armados, ahora unidos en la OAE, cuando lanzaron la ofensiva contra el ejército en el estado de Shan.
Mientras India ha puesto fin al Régimen de Libre Circulación (FMR), un acuerdo con Birmania que permitía a ciudadanos de los dos países, con vínculos étnicos a ambos lados de la frontera de los cuatro estados del noreste indio (Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur y Mizoram, que comparte frontera con Birmania), penetrar hasta dieciséis kilómetros en ambos territorios sin necesidad de visa.
Nueva Delhi además dispuso vallar la frontera entre los dos países, de 1.643 kilómetros, en particular los 510 kilómetros con el Estado Chin, donde las operaciones entre el Tatmadaw y la Fuerza de Defensa Nacional Chin han sido particularmente duras, obligando a mucha población civil de la etnia chin a desplazarse a India, donde los esperan sus hermanos étnicos, los mizos del estado de Mizoram, mientras la balcanización de Birmania parece avanzar tan velozmente como la guerra.
*Escritor, Periodista, Analista Internacional: especializado en África, Medio Oriente y Asia Central.
13/4/2024
