Diario de la FeMPINRA

La FeMPINRA reiteró su rechazó a la intimación del gobierno para que los sindicatos movilizados se hagan cargo de pagar el costo de los operativos represivos de Bullrich

Por Redacción

La Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina, que conduce Juan Carlos Schmid, ratificó este lunes su rechazo a la intimación oficial para que las organizaciones sindicales y sociales que se movilizaron el pasada 27 de diciembre  a tribunales se tengan que pagar el costo del operativo represivo montado por la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

En este contexto, Schmid señaló que la medida del gobierno “no es legal, no hay marco jurídico, y no se ajusta a derecho”. Asimismo, el dirigente sindical subrayó que “el Ministerio de Seguridad sigue con esta política de intimidar a la sociedad y de criminalizar la protesta social sin ningún fundamento jurídico. Solo buscan titulares en los medios, desconociendo la legalidad de las sanciones económicas que buscan infantilmente imponer”.

Schmid, precisó que “lejos de contribuir a la necesaria construcción de diálogo que amerita la actual coyuntura, violenta derechos elementales de raigambre constitucional como lo es el derecho de huelga”.

El pasado 10 de enero la FeMPINRA recibió una carta documento donde fue intimada, junto a otras organizaciones sindicales, a pagar la absurda cifra de 40.419.227,56 pesos en razón del costo operativo. En esa ocasión, el Secretario General de la Federación respondió: “Desde ya, desconozco, impugno y niego en tanto no solo conlleva la asunción de facultades e incumbencias ajenas al poder ejecutivo como ser la declaración de legalidad o ilegalidad de una medida o de una acción, sino que además se funda en normas manifiestamente inconstitucionales como ser el protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación y las Resoluciones MS Número 943/23 y 949/23”.

“El envío de estas cartas documentos carecen de todo sustento fáctico y/o jurídico y resultan totalmente persecutoria. solo demuestran el desconocimiento de la institucionalidad y la legalidad de la función sindical, criminalizan la protesta y violentan derechos elementales regidos en nuestra Constitución”, concluyó  Schmid.

 

 

 

5/2/202

 

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