Por Gustavo Ramírez
El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció el último viernes un bono navideño de 10 mil pesos para jubilados y jubiladas mayores de 80 años. El titular de la cartera económica realizó el anuncio a través de sus redes sociales como ya es habitual en él. Allí aseguró que “nuestro esfuerzo por mejorar los ingresos de los jubilados y recuperar su poder de compra mientras continuamos el camino de reducción de la inflación”.
La dinámica propuesta por el Ejecutivo se aferra a una premisa liberal donde el desarrollo del capital por sí mismo, con intervención asistencialista del Estado, solucionará el problema social a través del orden y equilibrio económico. Ese equilibrio es asimétrico. Al mismo tiempo que se promueve un bono exiguo para las y los jubilados octogenarios, el gobierno posibilita el incremento de combustibles en un 4 % para diciembre, así como aumentos en el transporte público y en el servicio de agua.
La justificación es simple. En la lógica del Frente de Todos es preferible que el ajuste lo haga el gobierno y no el mercado. La excusa es harto conocida: los precios del combustible están retrasados respecto a la inflación. Es necesario adecuarlos, dicen fuentes cercanas al ministro del Economía, de manera controlada. De lo contrario el golpe al bolsillo sería peor. La política de los menos malo o el orden natural del Estado proteccionista del capital.
Hay una concepción malograda en tiempos de crisis que no es otra que la respuesta preservativa del sistema. Pero el sistema no logra sortear la crisis. Por lo que este tipo de socorro no hace más que agudizar una situación extrema. El problema es sistémico y el gobierno parece no percibirlo de esta manera. En realidad no lo quiere ver así. Después de todo se trata de responder a las demandas globales del capital, tal como lo exige el Fondo Monetario Internacional, es decir la banca estadounidense.
En las últimas horas dos informes, uno de la ONU y otro de la Organización Internacional del Trabajo, dieron cuenta de lo grave que es el panorama a nivel internacional. Ambas organizaciones le achacan culpas a la pandemia y a la guerra en Ucrania. Nunca al sistema. Así y todo la ONU advirtió que en 2023 existe riesgo concreto de que 45 millones personas puedan morir de hambre solamente en 37 países. En tanto, la OIT evidenció el impacto desbastador de la inflación en los ingresos de la población, sobre todo en aquellos sectores sociales de mayor exposición ante la indigencia y la pobreza.
En Argentina, el último viernes, las y los trabajadores de la economía popular nucleados en la UTEP se manifestaron en el Puente Pueyrredón, Avellaneda, contra el avance sobre el plan Potenciar Trabajo y los recortes del salario social complementario. En ese contexto anunciaron el lanzamiento de una plan de lucha a nivel nacional para el próximo miércoles. El gobierno actúo con rapidez para desarticular la movilización en las calles. ganó tiempo hasta febrero, aunque fuentes cercanas a la organización popular confirmaron que el Ejecutivo decidió retroceder: “Tenemos algunos cráneos en el gobierno que se creen muy vivos”.
Mientras tanto el Frente de Todos se estanca en discusiones secundarias aferrado a la noción de normalidad que no se quiere perder bajo ninguna circunstancia. Normalidad es en este caso orden social, equilibrio fiscal, ajuste hacia abajo y protección del capital para sostener el desarrollo, dado que a través de este se promocionará el consumo que fortalecerá el crecimiento productivo del capital concentrado y privado y una vez que esto se concrete, es decir, una vez que se conforme la torta se discutirá el reparto de las porciones.
Las condiciones de dominación, generadas a partir del avance estructural de la acción pedagógica, política y económica del neoliberalismo, en ocasiones por medio de la violencia y en otras oportunidades por el deslizamiento del marco ideológico, desplazó el ordenamiento social de la comunidad organizada por el disciplinamiento que impone la sociedad contractualista.
Después de Perón, los pactos democráticos, sustentados por el contrato social neoliberal, se hicieron de espaldas al pueblo y en la mayoría de los casos contra él. El beneficio de los mismos fue no permitir la alteración de la normalización del sistema así como su internalización en las estructuras cognitivas. El objetivo no era, ni es, la eliminación de las injusticias sociales a partir de la pacificación política, sino la preservación del sistema rector. Esos pactos posibilitaron la función Estado-Capital en detrimento de la función social popular Estado-Trabajo.
El impase histórico que propició las condiciones momentáneas de la instalación de un período breve de bienestar económico, no restauró los principios doctrinarios de la comunidad organizada. La inclusión por consumo no redundó en realización social colectiva. Los pobres subsistieron, sin tener posibilidad activa de acceder a la movilidad social ascendente. La salida del 2001 no representó una transformación radical del sistema sino la recomposición de la normalidad dentro de los paradigmas progresistas vigentes y diagramados por el mismo sistema.
Bajo estas condiciones la clase trabajadora dejó de ser el núcleo de la vertebración de la integración social, porque el trabajo pasó a ocupar un lugar secundario en la organización social. En su lugar el consumo asumió un rol preponderante como solución a la problemática social, al mismo tiempo que reguló la condición de normalidad de lo social. Esto permitió ocultar, de manera momentánea, que la condiciones objetivas para la rentabilidad del capital seguían estando vigentes, solo que existía un mínimo de sensibilidad política. Tal es así que se pudo descender los márgenes de pobreza pero no se pudo desarticular su piso. La “década ganada” culminó con un 27 % de pobres a pesar de todo.
Por otro lado, la idealización del proceso promovió el abandono del campo político del espacio dentro del Movimiento Nacional. Este desplazamiento lo llevó a habitar el territorio escarpado de la “máquina electoral” donde la parcelación ideológica proporcionó las herramientas constitutiva de los individualismos mesiánicos por encima de la construcción colectiva. Por eso, en parte, la “política” del árido campo nacional y popular, ya no discute programas sino que dirime disputas superficiales y secundarias a través de eslóganes sin significados y sin sujeto histórico determinado.
La rueda gira sobre sí misma y lo que se presenta como solución es la aplicación de viejas recetas presentadas con nuevas palabras y categorías. Otras vez entonces el núcleo Estado-Capital subsiste como alianza normalizadora. Se hace hincapié en la idea de que el desarrollo propiciará consumo y producción y que la rueda virtuosa del capital dará solución a la situación social cada vez más deteriorada. Más inclusión por consumo y mayor productividad sin capacidad de centralización del trabajo sujeta a la empleabilidad precarizada.
De esta manera la clase trabajadora deja de ser sujeto histórico y se convierte en individuo de consumo. El proyecto nacional se normaliza en función del imperativo de la sustentabilidad del capital, del cual el Estado es su agente reproductor y garantista, mientras se relega al olvido cualquier instancia que propicie, aunque más no sea incipientemente, la liberación nacional. La clase obrera queda sujeta y subordinada al consumo por encima de la realización social y alejada de la movilidad social ascendente. Al mismo tiempo, su calidad de vida se desintegra.
Es precisamente en este contexto donde la ruptura de la normalización es propuesta por el Movimiento Popular. Este es producto de la crisis del 2001 y es el sector que más aprendió de la crisis. Se podría afirmar que esta condición le permitió, a la gran mayoría de los sectores populares, redefinir su proyecto de vida a través de la necesaria organización popular. Y es allí donde la comunidad organizada recupera valor y significado y revitaliza al sujeto histórico, el “descamisado”, el y la trabajadora, se vuelve hacia sí mismo no como mártir sino protagonista de su propia historia.
Los Movimientos Populares integrados al conjunto del Movimiento Obrero, conformando un gran Movimiento de Trabajadores, asumen el protagonismo de insubordinación que amenaza con quebrantar el falso equilibrio diseñado por el sistema. Precisa y necesariamente porque este bloque histórico comprendió algo que la política niega y es que el problema es el sistema.
El eje articulador del proyecto Tierra, Techo y Trabajo, no se resignifica como utopía tal como lo quiere hacer el progresismo, sino que representa el regreso al proyecto de comunidad organizada que propicia la liberación nacional para la realización colectiva. Es decir, las tres T son un programa de gobierno que desestabiliza la normalidad anormal del capital.
Der hecho, la integración de la clase trabajadora, en Argentina desarticula cualquier principio dogmático del mercado, porque en el programa se constituye y re consolida al Movimiento Nacional recuperando su esencia revolucionaria. Expresan la ontología de la restauración de la comunidad organizada como colectivo insubordinado. Por eso los ataques desde el propio Frente de Todos y de la oposición. El sistema no se puede dar el lujo, en tiempos de crisis, de propiciar escenarios rupturistas. Esto denota inclusive el arraigo ideológico liberal de la conducción política del propio Frente.
En su propuesta demolibral el Frente de Todos termina siendo funcional al paradigma neoliberal que no puede ser solamente abarcado desde la mirada económica. La alianza de la gobernabilidad se ordena por medio de un pacto social que prescinde de los pobres y de las y los trabajadores solamente para sostener el principio del acuerdo Estado-Capital.
Parafraseando a Frantz Fanon, la comunidad organizada se imbrica en una red de significados que parten y se constituyen en las luchas por la liberación nacional. Por el contrario, el Frente de Todos es una simplificación y no síntesis, de una articulación necesaria definida por la coyuntura, sin programa liberador y carente de una epistemología de la periferia.
La esperanza no está cifrada en un nombre sino en el Movimiento. Lo que urge es romper el cerco progresista liberal y sectario que impera en las esferas del Frente de Todos. Porque lo que se necesita es romper el eje Estado-Capital para reinstaurar la triada Estado-Trabajo-Comunidad base de inicio para emprender el proceso revolucionario que nos devuelva a la comunidad organizada como fuente de la Justicia y realización social.
Urge redefinir un marco estratégico para producir alteraciones de fondo en las relaciones de fuerzas “domesticadas” por el sistema. Tanto como se hace necesario reconstituir una realidad de poder de la periferia al centro que recomponga el principio ético del peronismo como movimiento nacional revolucionario. Pare ellos es necesario, también, re-politizar la política partiendo del programa de la clase trabajadora y de los Movimientos Populares.
3/12/2022
