Por Gustavo Ramírez
Sin dudas el conflicto bélico que se desarrolla en Europa tendrá impacto económico en las economías dependientes atadas a la globalización. En Argentina, los efectos de esta situación no se hacen esperar merced a la especulación que efectiva y sistemáticamente emplean como estrategia para ampliar su margen de ganancias las grandes empresas productoras de alimentos. De hecho esos mismos sectores, unidos a la oligarquía campera, pretenden imponer su modelo de retraso constante conduciendo a la Argentina a un estado pre-peronista.
No obstante, cabe preguntarse si parte de la situación actual puede explicarse solo por la situación bélica. Durante la pandemia de COVID-19 lo que se puso en tela de juicio, ante la falta de respuestas sociales, era al propio sistema capitalista. Se habló de crisis civilizatoria que, hasta el momento al menos, no fue superada. El sistema actual regido por grandes corporaciones económicas continúa en crisis y arrastra en ella a las economías dependientes.
En Argentina, el gobierno de Alberto Fernández decidió respetar las reglas de juego impuestas por las demandas del modelo actual que rige a nivel internacional, sin alterar el estatus quo. Razón por la cual las respuestas que emite para enfrentar la crisis continúa la línea marcada por los imperativos categóricos del sistema. Ya, simplemente, con el reconocimiento de la deuda contraída por el Gobierno de Mauricio Macri, el gobierno se sujeta a mandatos que le son ajenos y que tendrán repercusiones negativas para el desarrollo de su propia gestión.
Por otro lado sujetar las condiciones económicas internas a la crisis internacional resulta una justificación adecuada para que nada cambie. El sistema colapsó con la crisis sanitaria pero no se quebró, la insistencia sobre el surgimiento del cambio de relaciones de fuerza, a partir de la situación que se vive en Ucrania, niega la particularidad de los eventos y construye una idealización utópica sobre las expectativas que genera la multipolaridad. Las fuerzas que confrontan en esa región europea terminan por ser socios, por acción u omisión, en la explotación del Atlántico Sur.
China y Rusia también tienen ambiciones expansionistas e intereses creados en el Sur del Sur del mundo. No solo por la riqueza que mora en nuestros mares, sino también por posicionamientos estratégicos. Argentina no ha sido determinante con las políticas de protección soberana para con nuestro territorio marítimo. La postura de denuncia permanente es funcional a los intereses de las potencias que intervienen en esta región. A las mencionadas hay que agregarle las actividades de Estados Unidos y del Reino Unido que incrementan su poder militar y comercial en la región. El gobierno soslaya, tanto como gestiones anteriores, la ocupación de nuestro territorio como mero gesto de sumisión política y dependencia económica.
¿Es posible romper los esquemas internacionales vigentes? La decisión es política y necesita de un trabajo de unificación regional. América Latina está quebrada en zonas económicas y los actores políticos no tienen la intención, por el momento, de gestar una sólida unidad regional que retome la idea continental de Patria Grande. La situación se restringe al intercambio comercial en función de la ecuación costo beneficio por lo que los posicionamientos estratégicos no salen de ese esquema.
La crisis no estalló con la “guerra” entre Rusia y Ucrania. El problema radica, en parte, en el sobre-diagnóstico que opera de cierta manera como un corredor por donde se deslizan análisis que justifican la ausencia de políticas anti-sísmicas para que nada cambie y se preserve la proposición sistémica del modelo. De esta manera la pasividad de los gobiernos dependientes se estructura en la constancia histórica de la subordinación a los poderes globales y la crisis se vive como un drama más que una oportunidad.
El juzgamiento moral de la situación no supera el estadio que no se compromete con la superación coyuntural. El sostén del estatus quo acrecienta las dificultades para establecer programas de distribución de la riqueza en términos políticos concretos, definitivamente porque la intención de los gobiernos, aún de corte “progresistas”, es no dinamitar el estado actual de la cosas. Pasó en 2008 cuando en a nivel global se decidió asistir a los bancos y no a los damnificados directos de sus políticas financieras especulativas.
En nuestro país las medidas que asume el gobierno para enfrentar el proceso inflacionario no implican un escenario de transformación distributiva ni tienen como eje el fortalecimiento estructural de los sectores populares. El valor del peso estás sujeto a los vaivenes económicos y sufre, en consecuencia, un doble acoso: por un lado el de las micro devaluaciones y por el otro la brutal desproporción del valor de precios en alza.
Mientras el Ejecutivo sostiene que la la inflación está signada por variables multicausales la realidad demuestra que aspectos distintivos de la concentración y especulación del capital, para generar mayores márgenes de ganancias en la comercialización de productos, tienen una incidencia directa en el aumento de precios.
Por otro lado el “mercado interno” quedó desprotegido en función del modelo exportador donde la producción es destinada al mercado internacional, se esperar torpemente que las ganancias de dichas exportaciones permitan el ingreso de divisas extranjeras para acumulación lo que posibilitaría el crecimiento y desarrollo y de allí el derrame social. Sin embargo, la historia ha demostrado que esto solo sirve para horadar a las fuerzas productivas nacionales y desarticular el poder de compra de los sectores populares.
En Argentina empresas como Arcor, Mastellone y Molinos Río de la Plata han obtenido ganancias en un 112 % durante el período 2020-2021, al mismo tiempo los precios de sus productos se han incrementado en un 114 %, según datos del Instituto de Pensamiento y Políticas Pública. Este mismo, junto a Coca Cola, Danone, Ledesma Mondelez y Bagley Latinoamérica, manejan el la industria de producción de alimentos en Argentina. La política oficial ni por cerca ha intentado tocar los intereses de estas empresa, incluso la mayoría no ha acordado meter productos en el fracasado plan Precios Cuidados.
El escenario mundial demuestra que la crisis no ha afectado a todos, como sostiene un insustancial argumento oficialista, que al mismo tiempo abraza una especie de conciliación nacional con los mismos sectores que nos condujeron a la actual situación. El Informe de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible 2021 de Naciones Unidas, detalló que “la proporción de trabajadores pobres aumentó en todas las regiones en 2020, excepto en Europa y Asia Central, donde la baja tasa del 0,3% de 2019 se mantuvo sin cambios. Aunque las tasas disminuyeron en 2021 para algunas regiones, la mayoría aún no ha vuelto a sus niveles de 2019”.
El informe confirmó que “en 2021, la tasa global de desocupación se redujo ligeramente hasta el 6,2%, que sigue siendo muy superior a la tasa prepandémica del 5,4%. Esto se traduce en 28 millones de desempleados más en 2021 que en 2019. La OIT proyecta que desocupación se mantendrá por encima de su nivel de 2019 al menos hasta 2023”.
“La tasa de inactividad era del 41,0% en 2021, 1,5 puntos porcentuales por encima de la tasa de 2019. Esto se traduce en 147 millones más de personas fuera de la población activa, una cifra que se espera que siga creciendo”, desgrana el documento.
Del mismo modo se estableció que “en 2019, 2.000 millones de personas en todo el mundo trabajaban en la economía informal, realizando trabajos que se caracterizan por la baja calidad del empleo y la falta de protección social”.
Por lo visto, circunscribir las dificultades actuales meramente a la guerra sirve como justificación pero no como diagnóstico. Si se hace una mala observación del campo social las respuestas serán igualmente pésimas para encontrar soluciones. En medio, algunos actores políticos esperan encontrar un alivio en el surgimiento de la multipolaridad, que hasta el momento se manifestó como un compendio mundial de buenas intenciones, sin medir los interrogantes que ella plantea.
La crisis nacional tiene larga data, la internacional también. La búsqueda de soluciones se desenvuelve en el mismo plano convencional que generó los problemas actuales y que desplazó a millones de personas en el mundo a vivir en condiciones de supervivencia y descartó a otros miles de millones. Es imposible salir de la crisis si se convoca a los mismos actores que causaron semejante daños para sumarse al planteo de soluciones.
En Argentina con un tasa de pobreza del 40%, con niños y niñas viviendo en la indigencia, establecer planes de subsidios a la oferta, es decir al capital, no es solución. Ante la crisis del sistema lo que el país necesita en un shock distributivo que termine por cambiar las reglas de juego para que no sean los sectores populares lo que hagan el sacrificio de empobrecerse mientras los grupos concentrados del poder económico les chupa la sangre. La decisión de cambiar el cuadro actual de situación, con la urgencia del caso, la tiene el gobierno que debe recuperar la memoria política y la conciencia social.
22/3/2022
