*Por Francisco José Pestanha y Fabián Brown
“No queremos apóstoles de otra civilización que no sea la que cada pueblo construye. No queremos nuevas o viejas teologías que, con intérpretes extranjeros o cómplices propios, nos expliquen que esa es la nueva «verdad». Queremos emprender nuestro propio camino para construir nuestros propios destinos”
Ana Jaramillo
El protagonista histórico
El sujeto histórico suele ser definido como un colectivo social considerado como unidad y cuya cualidad primaria está constituida por la potencia de transformar la realidad. A consecuencia de ello, se atribuye a tal sujeto la capacidad para modificar el acontecer y de este modo, producir acontecimientos históricamente relevantes. Silenciado o no, suele ser acompañado por un relato que lo caracteriza.
Por su parte — la interpretación marxista — encuentra la subjetividad histórica en las clases sociales, determinadas por sus necesidades económicas, vinculadas de modo directo a las formas de producción y a la manera de relacionarse con el poder, la ideología y la superestructura, condicionando la formación social histórica de cada momento y cada lugar.
En Proyecto Umbral: aportes para la resignificación de la historia argentina, siguiendo la obra de nuestro recordado maestro Gustavo Cirigliano, intentamos romper con la idea de la «subjetividad histórica», reemplazándola por la categoría del «protagonista».
La adopción de tal categoría—a nuestro criterio—permite superar la idea de subjetividad histórica ya que ésta puede estar constituida por varios sujetos. Por lo tanto, la primera impresión es que el concepto de «protagonista histórico»— resulta más adecuado para representar más de un solo sector, una sola facción o una sola clase.
No obstante que en tiempos de crisis como la que atravesamos cierta opacidad suele rodear el debate político, hemos percibido, en los últimos años, la tentativa de reinstalar la cuestión de la subjetividad histórica. A modo de ejemplo, no hace mucho tiempo atrás, más precisamente, durante el primer kirchnerismo —ciertos autores esbozaron la idea de que la franja etaria de la juventud de aquel tiempo, podía constituirse en el nuevo protagonista histórico.
A nuestro entender, el protagonismo histórico — considerado como tal— no puede estar determinado por una o dos franjas generacionales, sino por un complejo sistema de relaciones sociales, políticas, económicas e incluso antropológicas. Colocar al protagonista histórico dentro de una prisión generacional implicaría un pronto agotamiento por el simple transcurso del tiempo. Pensamos —desde la perspectiva del pensamiento nacional latinoamericano—que es en la actualidad donde se está operando la construcción de un nuevo protagonista.
En primer lugar, el «trabajador organizado», continúa siendo un componente sustancial dentro del movimiento nacional y factor constituyente de este nuevo protagonista. Los sindicatos han alcanzado un alto grado de organización —con mayor o menor eficacia según el caso— mostrándose desarrollados y permeables a la dinámica participativa y colaborativa. No obstante ello, el movimiento obrero no se encuentra unido, condición necesaria para contribuir de lleno a este nuevo protagonista como aportante de la fuerza de trabajo incorporada efectivamente al sistema productivo.
El segundo factor constituyente de este nuevo protagonista histórico está compuesto por un complejo sistema conocido como «economía social». Son aquellas auto organizaciones quienes participan de la producción de cierto tipo específico de capital —se trate de cooperativas, mutuales o grupos autogestivos— es decir, aquellos que se desarrollan sin el aporte subsidiario del Estado y que se encuentran incorporados al sistema productivo a través de diversas actividades generadoras de procesos de capitalización autonómico.
Finalmente aparecen los pequeños productores agropecuarios —reunidos también en cooperativas y diversas modalidades asociativas — quede de igual manera generan un tipo especifico de capitalización.
Entendemos entonces que en oportunidad de ensayar nuevos arquetipos, debiera reflexionarse acerca de la posibilidad de que este nuevo protagonista histórico resulte complejo, es decir, formado por uno o más sectores y que —por demás— confluyan de igual modo como fuerza de trabajo, como fuerza de organización y como fuerza de producción, esto es, en un sistema de capitalización genuino.
Cuando nos preguntamos sobre qué rol debiera jugar el Estado en este acontecer, la respuesta nos remite a la categoría histórica del «Estado promotor». En general, se ha intentado asociar al primer peronismo con la conformación de un Estado de bienestar, pero este nunca propuso algo semejante para la Argentina, no al menos desde un punto de vista programático. El Estado de bienestar devino en respuesta a las burguesías europeas a las tensiones entre el capital y el trabajo; es decir, una réplica a la presión de los sectores de poder sobre el Estado para que —a través de políticas activas— actuara como muelle atenuante de la inercia provocada por el conflicto social.
Muy por el contrario, el primer peronismo funda lo que se conoce como un Estado promotor; significa ello un Estado diligente que contribuyó a que las organizaciones libres del pueblo se fortalecieran. Es decir, un Estado que —creyendo en la potencialidad y en la capacidad genuina de generar y desarrollar capital— produjera un impulso virtuoso a la economía y ayudara a esas organizaciones a crecer, pero evitando una dependencia regresiva con el Estado. Perón lo graficaba muy claramente cuando hablaba sobre estas pequeñas asociaciones, las entendía como a niños sostenidos en sus primeros intentos por caminar y que, una vez dados los primeros pasos, debían continuar por su cuenta.
En síntesis, podría aventurarse que nos encontramos en tiempos germinales de un nuevo protagonista histórico en la Argentina.
Demostrada su complejidad intrínseca, estaría compuesto, primero, por la fuerza de trabajo que —si bien se encuentra organizada— no halla todavía un factor aglutinante para que la capitalización de su fuerza de trabajo eclosione en una alianza saludable con un Estado que —más que oponer límites a ese crecimiento— ayude a que su desarrollo se expanda. Por eso, entonces, no hablamos de un «Estado interventor», sino de un «Estado promotor».
Segundo, las asociaciones, las organizaciones económicas del tercer sector que se sustentan de lo que producen —es decir—regladas por el concepto de que cada argentino debe producir cuanto menos aquello que consume. Estas asociaciones son básicamente productoras y promotoras del capital, algunas de las cuales han alcanzado —en diferentes poblaciones, localidades y provincias— una importante capacidad de intervención en el plano económico, tanto como en el político.
El tercero es el sector agrario, pero no el que ocupa en su trajín a grandes latifundistas, sino a las agrupaciones de pequeños y medianos productores que se encuentran agrupados en cooperativas y que —de alguna manera— son los que imprimen una vanguardia vigorosa a las economías regionales.
El nuevo protagonista histórico requiere no solo una vuelta a la idea del Estado promotor, sino además, a un novedoso sistema de representación política que rompa con aquella tradicional e indirecta, rémora de las constituciones liberales de 1853 y 1860— estableciéndose una auténtica representación que contemple a las denominadas organizaciones libres del pueblo.
Las organizaciones libres del pueblo —una categoría claramente emergida de la periferia— resulta hoy un factor de relevancia para comprender el proceso que está atravesando nuestro país y que requiere, además, la concentración investigadora que el mundo universitario puede aportar sobre estas formas de autoorganización comunitaria.
Su eficacia —demostrada durante el fecundo proceso del primer peronismo— ha sido desgraciadamente desnaturalizada a partir de diversas interpretaciones que nada tienen que ver —siquiera— con un abordaje acertado, y menos aún con un análisis profundo y lúcido de la realidad argentina de mediados del siglo pasado.
Concluyendo este apartado resta hacer una breve referencia a ciertos principios metodológicos enunciados por Gustavo Cirigliano en su libro Metodología proyecto país. Al respecto y considerando que todo nuevo proyecto libera y moviliza reservas —población y recursos naturales— hasta ese momento marginados o conflictivos, resulta altamente probable que este protagonista histórico promueva una reorganización del espacio físico y geográfico del país. Además, como es natural a un proyecto de país, el nuevo protagonista deberá definir su o sus antagonistas.
El tercer sector
La Argentina está próxima a cumplir cuarenta años ininterrumpidos de estabilidad institucional. Pese a las crisis económicas, debilidad en las conducciones y otros factores disruptivos, nuestra comunidad ha optado por la solución de más y mejor democracia.
En consecuencia —en esta etapa de afirmación institucional— los argentinos hemos logrado avanzar en la conquista de derechos individuales y colectivos de absoluta legitimidad, pero esta agenda no tuvo un correlato en el sustento de derechos sociales y de justicia (como sostiene Ana Jaramillo) cuya pérdida fue afectando, paulatinamente, la calidad de vida de nuestro pueblo.
Así es que —reconocemos— hay mucho por celebrar, pero asumiendo la responsabilidad de haber contraído una deuda a consecuencia de la insistencia poco virtuosa en un modelo económico financiero y especulativo que ha provocado índices inéditos de exclusión social y de pobreza que debemos reconocer para pensar un proyecto de país que religue la democracia con el bienestar general y pueda ser capaz de afrontar los complejos desafíos del siglo XXI.
Como sostenía Gustavo Cirigliano, un proyecto nacional es aquél modelo teórico que el cuerpo social internaliza como propio para construir el futuro. Y de esta reflexión se desprende que uno de los principales problemas de la Argentina es que carecemos de un cuerpo de ideas, para formular una propuesta alterativa que señale un camino distinto al que se viene transitando. Siguiendo esta línea de razonamiento, se propone realizar un breve diagnóstico de la actual situación para inferir, posteriormente, posibles lineamientos de un proyecto nacional y del protagonista que lo podría llevar adelante.
El liberalismo económico se basa en una teoría que sostiene que los mercados se autogobiernan con leyes que les son propias —que su libre desarrollo da respuesta a cualquier problemática de la sociedad, ya sea interna o de relaciones internacionales— en la creencia de que el comercio suprime el conflicto. Esta ideología se impuso a nivel mundial a partir de la segunda mitad del siglo XIX y, como consecuencia, provocó una competencia irracional entre las potencias que derivó en el conflicto más grave que haya conocido la humanidad con dos guerras mundiales —pasando por la denominada crisis del treinta— a partir de la cual, todos los actores sociales exigieron la intervención del Estado en la economía con diferentes variantes: fascista, socialista y keynesiana.
De la resolución del conflicto entre estas alternativas, surgió en Occidente el denominado Estado de bienestar, un modelo capitalista que, presionado por el conflicto social, puso su centro de gravedad en el desarrollo de los mercados internos— alentando procesos productivos, la generación de empleo y una mayor equidad distributiva.
En las Argentina, como hemos descripto, el proyecto del primer peronismo, expresado en el Segundo Plan Quinquenal, concibió un “Estado Promotor” de una comunidad organizada, capaz de generar su propio capital social y está, justamente, en la naturaleza del origen y constitución capital, la diferencia esencial del modelo económico a implementar para un país periférico que intente generar espacios de autonomía y de desarrollo armónico en los social y territorial.
A partir de la década del setenta, la puja distributiva —incentivada por los cambios tecnológicos— promovió y terminó por imponer un nuevo tipo de mercado autónomo de alcance global, basado en el predominio del capital financiero transnacional y en la desterritorialización de las cadenas de valor, modelo conocido como «neoliberalismo» que se encuentra en una crisis manifiesta en nuestros días.
Esta renovada versión del mercado auto-regulado comenzó a instaurarse en la Argentina a partir de la dictadura militar, creándose las bases del actual sistema financiero mediante la “sanción” de la ley de entidades financieras y de un proceso de desindustrialización que cambió la conducta de los actores económicos que, progresivamente, se fueron concentrando y transnacionalizando con el correr de los años. Una de las herencias más pesadas de este período fue la deuda externa de la cual jamás prosperó un juicio sobre su legitimidad.
La crisis hiperinflacionaria de fin de la década de los años ochenta, demostró la incapacidad del Estado para hacer frente a los grupos económicos que —con la asunción del gobierno Carlos Menem y su Ministro Domingo Cavallo— encontraron los interlocutores adecuados para diseñar un conjunto de leyes y decretos que, junto a tratados internacionales, provocaron la desregulación del mercado interno, del externo, del transporte y de lo poco que aún quedaba de un sistema de crédito. Así fue que en un corto lapso, fueron desguazados ELMA, el ferrocarril de carga y el complejo industrial militar; se privatizó el Banco Hipotecario, Aerolíneas Argentina e YPF, entre otros activos nacionales. Con estas medidas se instituyó un nuevo régimen económico que fue sacralizado, jurídicamente, con la Constitución del año 1994.
En conclusión, la democracia argentina ha sido exitosa en cuanto a la garantía de la expresión popular y estabilidad al sistema político, como también en promover una sociedad más diversa, plural y participativa, pero en el ámbito económico, tuvo un efecto contrario, una concentración cada vez mayor, con consecuencias sociales y ambientales de manifiesto en las últimas décadas expresadas por el incremento sostenido de la pobreza, la contaminación y la agudización de los problemas ocasionados por el cambio climático.
El régimen económico descripto se halla en una crisis terminal, tanto en el ámbito global como en el interno pero a diferencia de la crisis del siglo XX no existen alternativas formales al modelo sino reacciones inorgánicas y reduccionistas de la naturaleza de la cuestión.
La respuesta a la crisis no la podemos buscar exclusivamente en las experiencias del pasado ni en construcciones teóricas. Debemos apelar sin duda a las estrategias de resistencia que nuestra sociedad fue desarrollando y que, si bien no llegan a articular aún un modelo alterativo, si constituyen un cuestionamiento al statu quo vigente y muestran que existe una Argentina invisibilizada que funciona en otros códigos, sobre la base de la organización social que es parte fundamental del legado peronista: Ello, particularmente, en el interior profundo de los pueblos y en los barrios con actores comunitarios que, en muchos casos son transversales en lo político, pero que construyen en principios comunitarios y territoriales quienes, debidamente convocados, pueden ser constituyentes del un nuevo protagonista histórico que impulse una nueva etapa para el país y para Sudamérica.
En el año 2017, la actualización de datos del sector de la economía social realizado por el Instituto Nacional del Asociativismo y la Economía Social (INAES), puso en evidencia el alto grado de vigencia del principio asociativo que distingue a nuestro país. Casi la mitad de los argentinos están asociados a una cooperativa o a una mutual, como también a clubes deportivos u otro tipo de organizaciones solidarias. Esta realidad palpable de nuestra comunidad reconoce sus orígenes en la amalgama de distintas tradiciones que fueron forjando una diversidad de formas solidarias de carácter productivo y de prestación de servicios que articulan un modelo extendido en todo el territorio nacional.
La cultura andina – por ejemplo – nos aporta los valores del sumak kawsay, por este todo quehacer humano debe estar en armonía y equilibrio con la naturaleza, donde la reciprocidad es parte esencial en los intercambios y la complementariedad en la forma de relación entre los espacios. Esta cosmovisión de los pueblos originarios se entrelazó con el municipio hispánico donde la participación vecinal fue fundamental en la construcción de las identidades provinciales que definieron la forma de gobierno federal. A estas tradiciones comunitarias se sumó el aporte de las organizaciones productivas de base democrática que desembarcaron con la inmigración europea a fines del siglo XIX.
Fue esta mixtura la que definió la identidad comunitaria de los pueblos que frente a las necesidades —cuando la escasa de rentabilidad del capital privado no resultaba atractiva o cuando el Estado carecía de capacidad— fueron los que se organizaron para satisfacer demandas básicas, construyendo las bases de un modelo de producción de carácter democrático y solidario.
Fue así que, a través de una participación comunitaria, germinaron miles de entidades de base desde su lugar de pertenencia, cuya interacción dio origen a las federaciones regionales y a las confederaciones de alcance nacional. Ellas expresan una construcción territorial de actividades cuya diversidad alcanza desarrollos productivos, la prestación de servicios públicos, centros culturales, deportivos, de salud, de educación, de ayuda económica, turismo y seguros, entre otros.
Definida de esta manera, la economía social y solidaria (ESS) es un espacio de relaciones productivas democráticas, organizadas territorialmente en entidades de primer, segundo y tercer grado que realizan actividades formales de generación de bienes y servicios que representan un importante porcentaje del PBI y del empleo registrado. Tal como promovía el Segundo Plan Quinquenal.
Sin embargo, su visibilización se ve afectada por el choque de intereses que plantean los sectores financieros y concentrados de la economía de mercado transnacional, quienes consideran que el desarrollo humano local y comunitario constituye una competencia y una regulación a sus fines hegemónicos y ejercen una presión discriminatoria en el Estado para limitar todo modelo económico alternativo a las sociedades anónimas.
En estos criterios, la Economía Social constituye una herramienta a disposición para ser parte de un proyecto integral e inclusivo de país junto a los sindicatos, las pymes y la economía popular, donde el sector privado, fundamentalmente, de carácter comunitario sea parte de un modelo de producción local —sobre la base de un desarrollo humano y territorial integral y solidario— y se expanda en redes regionales funcionales a la complementariedad. El bienestar de nuestro pueblo no puede ser delegado a la lógica del mercado ni la comunidad esperar a que el Estado resuelva cuestiones básicas, sino las de mayor complejidad.
Debemos asumir el desafío de democratizar el sistema financiero y el de producción de bienes y servicios, a fin de recuperar capacidades y autonomía como nación, en un país que crezca desde abajo, desde las organizaciones libres del pueblo, de manera armónica y con sustentabilidad ambiental, a través de la explotación racional de los recursos con producción y trabajo argentino.
A lo largo de la historia de la humanidad, la solidaridad siempre ha sido la mejor estrategia de supervivencia del conjunto; en la Argentina, existe un sujeto social que espera ser convocado a la gran empresa nacional y latinoamericana del siglo XXI.
*Francisco José Pestanha es abogado, docente y ensayista. Profesor titular ordinario del seminario Pensamiento Nacional y Latinoamericano de la Universidad Nacional de Lanús. Actualmente se desempeña como director del Departamento de Planificación y Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Lanús.
*Fabián Brown es General RE y Licenciado en Historia. Es Profesor titular ordinario del seminario Pensamiento Nacional y latinoamericano de la Universidad Nacional de Lanús. Actualmente integra el Directorio. Instituto Nacional del Asociativismo y la Economía Social (INAES),
Con la colaboración de Pablo Núñez Cortés.
3/6/2023
