Por Redacción
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) cuestionó la interpretación oficial de las últimas estadísticas de pobreza difundidas esta semana por el INDEC. El organismo informó que en el primer semestre del año la pobreza alcanzó al 31,6 % de las personas y la indigencia al 6,9 %, cifras semejantes a las de fines de 2018. Sin embargo, los delegados sindicales del instituto advirtieron que el gobierno libertario oculta información clave para dar una imagen de mejora social.
Los datos vertidos por le INDEC corresponden a una evaluación inconexa con la realidad, no toman datos esenciales que hacen a la canasta básica. En tal sentido, la Junta Interna de ATE en el INDEC sostuvo que «frente a la publicación del indicador de pobreza nos vemos una vez más en la obligación de pronunciarnos. Miembros del ejecutivo nacional han difundido una interpretación errónea y maliciosa del trabajo realizado por nuestro organismo, que pone en ridículo las estimaciones publicadas y desacredita la labor de los más de mil trabajadores del instituto ante la sociedad”.
En tal sentido, el titular de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, señaló que «por estas horas hay una utilización electoralista del Indec y sus publicaciones. No hay alivio, el drama social continúa». Asimismo, remarcó: «hay una interpretación maliciosa por parte del Gobierno al comparar con el primer semestre del 2024. De manera deliberada se están omitiendo los 12 puntos de pobreza registrados con posterioridad al 10 de diciembre de 2023. Ese pico de pobreza es responsabilidad de este Gobierno, fruto de la devaluación que aplicaron y la consecuente aceleración de la inflación».
El dirigente sindical aseguró que «con su festejos el presidente pretende confundirnos y ocultar indicadores negativos, como son que la desocupación crece, los pocos empleos que se han creado son precarios y la pérdida del poder adquisitivo de todos los sectores es significativa. Por lo tanto esta supuesta mejoría en los niveles de pobreza no se traduce en una mejora general del mercado de trabajo».
Por otro lado, subrayó que «en la estructura de consumo que mide el Gobierno no se contempla el peso real que tienen los servicios y el transporte, están muy por debajo. Tampoco se miden los gastos en alquileres cuando en realidad estos se llevan, en algunos casos, hasta el 64% de los salarios».
Del mismo modo, la organización sindical aseveró que la medición se realizó sobre 31 centros urbanos, lo que alcanzó a 29 millones de personas y no a la totalidad de la población nacional. En tal sentido, solo se tienen en cuenta los ingresos declarados por los hogares que hacen a la muestra y que no representan la entrada real del total de los 47 millones de habitantes.
Por último, Aguiar explicó que «si nosotros actualizamos el mecanismo de medición y a los que sobreviven sumamos los que malviven, es decir los que tienen ingresos apenas por encima de la línea de pobreza, en este momento los pobres son más del doble de los considerados por el Gobierno, superan el 62%».
