*Por Fernando Arameo Frente a la narrativa oficial de este régimen conservador-liberal-libertario que celebra una disminución de la pobreza desde diciembre de 2023 a la fecha, exigimos un debate público serio, basado en datos, en la integralidad de la realidad social y en la proximidad con el bolsillo de las mayorías. El INDEC informó que la pobreza descendió al 31,6% en el primer semestre de 2025, un dato que debe ser reconocido y debatido con la seriedad y la transparencia necesarias.
Sin embargo, este indicador no puede analizarse de manera aislada ni asumirse como evidencia de que la población efectivamente esté superando la emergencia social. Tal como advierte la UCA, la medición no debería reducirse únicamente al ingreso monetario, sino que también debe contemplar factores estructurales como el acceso a la salud, la educación, la vivienda, los servicios básicos, el empleo digno y la calidad del hábitat. Desde una mirada más amplia y multidimensional, la realidad es muy distinta, la pobreza no se reduce, sino que incluso se incrementa, lo que pone en cuestión tanto la metodología del INDEC como la eficacia de las políticas implementadas por el gobierno.
Al mismo tiempo, los indicadores del mercado laboral muestran señales contradictorias y preocupantes, la tasa de desocupación se elevó a 7,9% en el primer trimestre de 2025 (un aumento respecto de los trimestres previos), lo que contradice cualquier lectura complaciente que pretenda interpretar la baja de pobreza como un alivio generalizado y sostenido. Una sociedad con más desempleo no es una sociedad que haya resuelto sus problemas estructurales.
La otra cara de la moneda es el deterioro del mercado laboral, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo informó recientemente la pérdida de 220.000 puestos de trabajo registrados, lo que se suma a un contexto de precarización creciente. La informalidad laboral continúa en niveles muy altos (con estimaciones que la ubican por encima del 40% en los primeros trimestres de 2025) y la subocupación también se incrementa, pasando del 10% al 11,6% entre trimestres, según datos oficiales.
Esto revela que, aun cuando algunos hogares logran superar momentáneamente la línea de pobreza, lo hacen a costa de trabajos precarios, inestables y mal remunerados, muchas veces con jornadas fragmentadas o pluriempleo, sin derechos ni previsibilidad, lo que agrava la fragilidad social.
Si se combinan estas piezas: (a) una reducción puntual en la tasa de pobreza medida por ingresos; (b) un aumento de la desocupación; (c) una informalidad creciente; y (d) más subocupación, la conclusión es inexorable: la “mejora” que se exhibe es parcial, frágil y, en buena medida, coyuntural.
No alcanza con cifras parciales, hace falta una lectura multidimensional que reconozca que menos pobreza estadística no equivale a más trabajo digno ni a mayor protección social.
En el plano fiscal y financiero, el Gobierno exhibe un resultado fiscal que en muchos meses muestra superávit primario, elogiado por el propio Ministerio de Economía y validado por organismos internacionales que monitorean el acuerdo con el FMI.
En el plano fiscal y financiero, el Gobierno exhibe un resultado fiscal que en muchos meses muestra superávit primario, elogiado por el propio Ministerio de Economía y validado por organismos internacionales que monitorean el acuerdo con el FMI.
Sin embargo, ese aparente orden fiscal ha venido acompañado de una dependencia de financiamiento externo (programas, revisiones y desembolsos del FMI; apoyo y líneas de crédito multilaterales, como la reciente del Tesoro de EEUU) que “emparchan” el problema de caja a corto plazo, pero no resuelven el desafío estructural de la producción y el empleo genuino.
La compulsa entre superávit y necesidad de financiamiento recurrente es una señal de que la estrategia actual prioriza anclas macroeconómicas sin construir un entramado productivo autosustentable. A la vez, millones de hogares perciben que los costos cotidianos (alimentos, transporte, servicios) no dejan de subir, en abierta contradicción con los índices oficiales de precios.
Cuando el IPC no refleja con verosimilitud lo que las familias viven diariamente en los mercados, crece la sensación de distancia entre las estadísticas y el bolsillo real. No alcanza con mostrar una supuesta “mejora” en un guarismo nacional si la mayoría de los hogares siente que no logra cubrir la canasta básica. En este sentido, los organismos oficiales tienen la obligación de perfeccionar su metodología, ampliar la transparencia y desagregar los datos territorialmente.
Más aún, las mediciones actuales del INDEC resultan desactualizadas al basarse en productos inexistentes o ya faltantes en el consumo real, lo que produce índices artificialmente bajos y alejados de la experiencia concreta de las familias; por eso se exige con urgencia una actualización en la medición. Desde el grupo OND reclamamos seriedad: estadísticas, rendición pública de cuentas, discusión parlamentaria y diálogo social tripartito (Estado, sindicatos, empresas) para consensuar un plan de mediano plazo.
No creemos en coyunturas festivas sobre un único número, cuando la estructura del empleo empeora y cuando la deuda y la exposición externa siguen condicionando las políticas públicas. Los datos oficiales son un punto de partida, pero la política debe integrar desempleo, informalidad, subocupación, calidad salarial, costos de vida, y sostenibilidad fiscal; en una estrategia coherente.
Por eso planteamos con urgencia la necesidad de un proyecto alternativo: industrialización con justicia social. Para generar desarrollo económico, trabajo genuino, y recuperar la soberanía política. No se trata de retórica, no hablamos de consignas vacías, sino de ejes concretos y articulados que deben aplicarse ya para revertir la precariedad laboral y garantizar una reducción real y duradera de la pobreza.
Invitamos a construir una conciencia social activa, que organizaciones sindicales, pymes, cooperativas, movimientos sociales, universidades y gobiernos locales converjan en un plan productivo y de empleo; para que se deje de tratar a las personas como cifras y las coloque en el centro de la agenda.
La industrialización con justicia social no es nostalgia, es una política viable que combina trabajo digno, derechos y autonomía económica. Si la salida de la pobreza no se asienta en empleo formal, tejido productivo y soberanía, seguirá siendo frágil.
* Secretario de Prensa y Difusión de la Federación Médica Gremial de la Capital Federal, miembro del Grupo Ofensiva Nacional Democrática.
