Por Redacción
El juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, Roberto Gallardo, dictó un fallo que obligó al Gobierno porteño a asumir el operativo de seguridad de la movilización convocada para el próximo miércoles frente al Congreso por organizaciones gremiales y de la economía popular. La resolución impide que las fuerzas federales encabezadas por Patricia Bullrich intervengan sin respetar los límites que establece la Ley de Seguridad Interior.
El magistrado actuó tras un amparo presentado por la CGT, la UTEP y la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, que advirtieron sobre la amenaza de un despliegue desmedido por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación. En su fallo, Gallardo recordó que la Ciudad tiene autonomía y debe garantizar los derechos constitucionales de reunión, protesta y libertad de expresión.
El juez sostuvo que el planteo no surgió de una hipótesis abstracta, sino de un riesgo concreto, y citó como antecedente el caso del fotoreportero Pablo Grillo, quien terminó hospitalizado tras recibir una granada de gas lacrimógeno en una marcha frente al Congreso. También apuntó contra “la actitud avasalladora y excesiva que muestra el Estado nacional” al aplicar el protocolo antipiquetes, y advirtió que se intentaba imponer orden “a costa de derechos fundamentales”.
La presentación judicial fue presentadad por Alejandro Gramajo (UTEP), Julio Piumato y Maia Volcovinsky (UEJN-CGT), quienes denunciaron que la Ciudad no adhirió al protocolo nacional y posee su propia fuerza de seguridad, capacitada para intervenir en manifestaciones. Del mismo modo, apelaron a la Constitución nacional y a los artículos 23 y 24 de la Ley de Seguridad Interior, que restringen el accionar de las fuerzas federales fuera de su jurisdicción.
Gallardo notificó del fallo a las autoridades de la Ciudad, al Ministerio de Seguridad de la Nación y a los responsables de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria. Ordenó delimitar por anticipado los objetivos federales cuya custodia podría recaer en fuerzas nacionales, sin que estas intervengan en el espacio público de la Ciudad.
7/4/2025
