Por Redacción
La Policía de Córdoba detuvo a 15 dirigentes de la CTA Autónoma y la Federación Nacional Territorial (FeNaT-CTAA) durante una movilización frente a la Municipalidad de la Ciudad Capital. Entre los detenidos se encontraba Federico Giuliani, Secretario General de la CTA y de ATE Córdoba, quien reclamaba alimentos para comedores y merenderos de barrios populares. Las detenciones se produjo en lo que los manifestantes denunciaron como “una emboscada”.
En este contexto, la CTA Autónoma aseguró que el operativo fue “una clara maniobra política del Gobernador Martín Llaryora, el Ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y su alfil en la Justicia adicta, el Fiscal Ernesto de Aragón”. Según fuentes judiciales, al filo de la medianoche se liberó a 14 de los 15 detenidos. Giuliani permaneció incomunicado en el Hospital Misericordia con un esguince de codo, bajo custodia policial, y sin acceso a su teléfono secuestrado sin notificación judicial.
El Fiscal Ernesto de Aragón imputó a los detenidos por “lesiones leves” y “resistencia a la autoridad”, mientras que Giuliani afronta además cargos de “amenazas”. Los abogados Eugenio Biafore y Claudio Orosz rechazaron todas las acusaciones. Según fuentes sindicales, estas medidas forman parte de una estrategia judicial y política para amedrentar dirigentes y controlar la protesta social en el contexto de crisis económica y aumento de la pobreza.
La dirigencia de la CTA Autónoma aseguró que “se trata de métodos claramente reñidos con la convivencia democrática y propios de regímenes autoritarios que debieran estar superados después de 41 años de recuperación del Estado de Derecho. Para la CTA Autónoma Córdoba, protestar no es un delito. Es un derecho avalado por la Constitución Nacional”.
La hecho ocurrió mientras la Legislatura provincial analiza un ‘Plan Antipiquete’ promovido por diputados de Hacemos por Córdoba y Juntos por el Cambio, con el objetivo de regular la protesta social. Organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos advirtieron que la adopción de esa normativa podría vulnerar garantías constitucionales como la libertad de expresión, la reunión pacífica y la petición a las autoridades, consolidando un marco de represión sistemática hacia los movimientos sociales.
La CTA Autónoma calificó la represión como “la misma política represiva que implementan Bullrich y Milei a nivel nacional”, en un contexto en que la crisis económica profundiza la exclusión y la miseria de los trabajadores y sectores populares.
