Por Redacción
Los parlamentarios del Mercosur electos por Argentina expresaron su profunda preocupación por los hechos de violencia institucional ocurridos el 12 de marzo de 2025 durante una movilización de jubilados, una convocatoria que, como es habitual, tuvo lugar cada año. En esta ocasión, se sumaron organizaciones sociales, sindicatos, partidos políticos, hinchas de fútbol y miembros de la sociedad civil. La protesta, que se extendió por más de seis horas, fue duramente reprimida por las fuerzas de seguridad que responden a Patricia Bullrich.
Los parlamentarios recordaron que la represión comenzó con la intervención de fuerzas federales de seguridad, dependientes del Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de la Ministra. Posteriormente, se sumó la Policía de la Ciudad, bajo la jurisdicción del gobierno porteño. “Se produjo una virtual cacería de manifestantes”, señalaron, calificando los hechos como una grave violación a los derechos humanos.
Uno de los incidentes más graves de esa jornada involucró a un fotoperiodista que resultó gravemente herido. El periodista, quien se encuentra internado con pronósticos reservados, sufrió una fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica tras recibir un impacto directo de una granada de gas lacrimógeno disparada a corta distancia. Los parlamentarios denunciaron que este disparo se realizó con la intención de “producir un daño irreparable en la integridad física de un trabajador de prensa”, contraviniendo los protocolos sobre el uso de la fuerza.
Además, se reportaron disparos de bala de goma dirigidos a zonas vulnerables, como el rostro y el torso, y agresiones a adultos mayores. Otra de las denuncias involucra la detención de una madre con sus dos hijos menores de 12 años, quienes fueron retenidos hasta las 21 horas, en clara violación de la legislación nacional e internacional. “Los niños estuvieron esposados durante dos horas sin poder ir al baño ni contactar a sus familias”, denunciaron los parlamentarios.
La jueza Karina Andrade, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 15 de la Ciudad de Buenos Aires, también criticó duramente el operativo represivo. “Se encuentra en juego un derecho constitucional fundamental como es el derecho a la protesta, a manifestarse en democracia ya la libertad de expresión”, manifestó.
Asimismo, alertó sobre las deficiencias en la información relacionada con las detenciones: “A medida que se informaban las detenciones, la información vinculada a ellas se volvía más imprecisa y difícil para mi tarea judicial”, indicó. La jueza también destacó que, en muchos casos, ni siquiera se especificó el delito por el cual se justificaron las detenciones, ni el lugar donde quedarían alojados los detenidos.
Los parlamentarios solicitaron a los organismos internacionales de derechos humanos que se pronuncian urgentemente sobre los hechos denunciados, dada la gravedad de la situación y las violaciones a los derechos fundamentales de los manifestantes y trabajadores de prensa.
15/3/2025
