Por Redacción
El Gobierno libertario oficializó la decisión de desprenderse del 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), empresa clave para el abastecimiento de agua potable y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. El anuncio se realizó este viernes desde la Casa Rosada, a través del vocero reaccionario, Manuel Adorni.
El funcionario declaró: “El Gobierno inició el proceso para comenzar con la privatización de AySA. Se incorporará capital privado mediante la transferencia del 90% de las acciones de la empresa”. Según detalló, la venta combinará una licitación pública nacional e internacional para designar un operador estratégico y una oferta pública inicial para sumar otros inversores.
El esquema mantendrá bajo control de los empleados de AySA el 10% de las acciones, en el marco del Programa de Propiedad Participada. De concretarse, la medida quitará al Estado nacional de la conducción de una de las empresas de infraestructura más sensibles para la población.
Durante la conferencia, Adorni argumentó que “desde su estatización en 2006, AySA requirió aportes de los argentinos por US$ 13.400 millones”. Sostuvo, ese gasto no se tradujo en mejoras: “Indicadores claves muestran que hubo un fuerte deterioro en la infraestructura de la empresa”. Como es habitual, el gobierno colonial avanzó con la justificación de que las empresas manejadas por el Estado no producen ganancias, cuando en realidad el objetivo estatal no tiene que ver con la rentabilidad.
Por otro lado, expuso que la dotación de personal se incrementó en un 90% y que la morosidad de los usuarios trepó al 16%, cuando antes se ubicaba en un promedio del 4%. El portavoz liberal omitió decir que la empresa estatal es un activo clave en términos estratégicos para la independencia económica y que su objetivo es garantizar un servicio básico para el conjunto de la población.
Adorni indicó que la Comisión Nacional de Valores supervisará la operación para “modernizar el sector y mejorar el precio y la calidad del servicio”. No obstante, las cifras oficiales exhiben que durante la última gestión estatal se invirtieron más de US$ 4.800 millones. Nuevamente, desvió el eje de la discusión y aseveró, sin pruebas que «con todo este presupuesto, la empresa funcionó como una plataforma de campaña. Hubo 200 millones de dólares destinados a obras y el 25% de esas obras se asignaron a Tigre y a Malvinas Argentinas, los dos municipios de donde provenía su cúpula directiva».
La maniobra del gobierno repite los esquemas de la Dictadura y del Ejecutivo menemista: instala una campaña difamatoria contra la empresa estatal, pretenden presentar su sustento como un costo para el Estado. Con este paso, el Ejecutivo profundiza el proceso de privatizaciones de activos estratégicos y entrega el manejo de un recurso esencial en manos de operadores privados que, a partir de ahora, tendrán en sus manos la definición de tarifas y obras para millones de usuarios del conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires.
