*Por César Augusto Lerena
El día 12 de marzo de 2024, el periodista neozelandés Pete Mackenzie del Proyecto The Outlaw Ocean me entrevistó para conocer mi opinión sobre cuestiones relativas a la industria pesquera argentina, la radicación extranjera y la pesca ilegal en el Atlántico Sur, junto a distintas entrevistas a distintos interlocutores del país.
Sin embargo, las publicaciones locales que derivan de esas entrevistas tienen una mirada sesgada que no responde, al menos, a lo que relaté al citado periodista durante más de una hora: la responsabilidad de lo que ocurre en el Atlántico Sur no la tienen solo los chinos, sino principalmente el gobierno nacional y, también, los británicos, españoles, coreanos y taiwaneses.
El pasado 6 de agosto, TN publicó un artículo relacionado con el «informe de Outlaw Ocean que muestra cómo el gigante asiático no solo está detrás de la pesca no declarada y no reglamentada fuera de la milla 200, sino también dentro del caladero local». Este artículo se refiere al caso del buque chino Jing Yuan 626, propiedad de la estatal china National Fisheries Company (CNFC), hundido en aguas argentinas por la Prefectura Naval. Sin embargo, «pese a ello, el Consejo Federal Pesquero otorgó licencias para faenar en aguas argentinas a dos buques extranjeros que, usando como fachada a una empresa local, navegarían bajo bandera argentina, aunque el propietario sería la citada CNFC».
Mediante un proceso conocido como “abanderamiento”, China pasó los últimos años comprando su acceso a caladeros nacionales en países de Sudamérica, África y el Pacífico. Las empresas chinas controlan ahora un mínimo de 62 buques de pesca industrial de calamar bajo pabellón argentino. Es decir, más de la mitad de la flota de calamar del país. El informe les atribuye distintos delitos, como descartes, desactivación del sistema satelital, evasión y fraude fiscal, e indica que «en un artículo académico publicado en 2023, autoridades del sector pesquero chino explicaron cómo habían recurrido a empresas chinas para penetrar en aguas argentinas, usando métodos de arrendamiento y transferencia, formando parte de una política global».
Es decir, -precisamos nosotros- que, mediante la compra o arrendamiento de empresas y/o permisos de pesca en Argentina, los chinos están haciéndose de los recursos pesqueros de forma legal, pese a pescar en forma ilegal los recursos migratorios originarios de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) Argentina en alta mar.
Por su parte, INFOBAE, el 11 de agosto, amplió diciendo que «la empresa china Dalian Huafeng Aquatic Products Co cuenta con 21 buques de pesca bajo tres empresas: Arbumasa, Ardapez y Dalian Huafeng Aquatic Products SA. Shanghai Fisheries cuenta con 15 buques “abanderados” pescando en el Mar Argentino; Wanxing Sannong Group con 12 y Shandong Bodelon Group con 7, todas empresas legalmente registradas en el país, pero de propietario o “beneficiario final” chino».
Se precisó que 41 de esos buques son poteros de pesca de calamar, aclarando que fuentes del sector pesquero indicaron que “se trata de empresas privadas, no del Estado chino». Sin embargo, el estudio señala que ocho buques abanderados de las empresas legales Ilex Fishing, Dossuarez SRA y COFC Argentina SA, cuyo beneficiario final es la citada CNFC, según la investigación, sí son propiedad del Estado chino”.
Si bien compartimos los múltiples argumentos relativos a la pesca ilegal y los relativos al trabajo esclavo detectado en embarcaciones chinas, y las afirmaciones de Dyhia Belhabib respecto a que «las autoridades pesqueras chinas explicaron cómo habían recurrido a empresas de su país para penetrar en aguas territoriales argentinas» o las de Isaac Kardon que «hay una transferencia neta (de recursos) desde los países más pobres, sin capacidad para proteger sus caladeros…», la principal responsabilidad es del gobierno nacional que ha permitido todo tipo de prácticas pesqueras ilegales por parte de buques extranjeros y nacionales.
A modo de ejemplo, en los últimos 40 años solo se han detenido dos buques por año, a pesar de la presencia en el Atlántico Sur de 350 a 500 buques extranjeros que anualmente pescan ilegalmente los recursos migratorios argentinos; los buques nacionales operan sin observadores e inspectores a bordo o son patrones de pesca chinos los que en la práctica conducen la actividad de los buques, etc., etc.
Por otra parte, contrariamente a lo que se manifiesta en el artículo, la Ley Federal de Pesca no prohíbe otorgar permisos a empresas con antecedentes de pesca ilegal, ya que la ley promulgada en 1998 no menciona ni una sola vez la palabra “ilegal”. Aunque el Consejo Federal Pesquero podría no otorgar permisos por los artículos 21º y 27º de la Ley, es evidente la falta de políticas que, entre otras cosas, requieren de una reforma de la ley; el combate a la pesca ilegal y el rediseño del otorgamiento de cuotas y autorizaciones de captura, en especial.
Cuando el artículo se refiere a que el “cese de bandera de origen” es central, no es porque se haya pescado o no en forma ilegal, sino porque, de no cesar la bandera de origen, se tendrá una ventaja arancelaria en los países originales del buque. Este es otro de los temas pendientes de regularización por parte de las autoridades de Argentina.
Se cuestiona también en el artículo que «no hay calamar para que entren más barcos», pero la cuestión no se trata de si es un buque chino o no, sino de que las capturas máximas establecidas por el Consejo Federal Pesquero, en base a las determinaciones del INIDEP, no se superen. Además, se agrega un comentario del directivo de una pesquera que “pidió reserva de su nombre”.
Por suerte, porque afirmar que «es preferible que (los buques chinos) pesquen legalmente adentro en vez de estar en la Milla 201 o ilegalmente en la ZEE. ¿Qué diferencia hace si el dueño final es de capital chino, noruego o español?». Este directivo se imagina que habilitar un buque que pesca ilegalmente evitaría que otro buque extranjero se agregue para pescar ilegalmente los recursos migratorios argentinos.
Ignora que la colonización de América iniciada a fines del siglo XV sigue vigente; las “leyes de la materia” respecto a la ocupación de los espacios y las políticas internacionales de apropiación de los recursos naturales. Es de una ignorancia supina creer que habilitar en la ZEE un buque que pesca ilegalmente terminará con la pesca ilegal. Además, no es una determinación que puede tomar una empresa, sino que debe surgir de acuerdos entre Estados.
Estos artículos parecieran un refrito que “no separa la paja del trigo”, desinformando al lector y contribuyendo a la confusión general. Es muy probable que haya buques del Estado chino y buques de origen chino comprados por empresas nacionales de capital chino u otras (muchos de los poteros originales modificados por empresas nacionales eran extranjeros), y también que empresas nacionales de capital extranjero construyan buques en astilleros argentinos.
Deberíamos tener en cuenta que no son los barcos los que realizan la pesca ilegal por sí mismos; son los propietarios, armadores y/o capitanes. De forma tal que, si el buque con el que se ha realizado pesca ilegal se vende a terceras empresas que puedan demostrar que no tienen ninguna relación societaria con la anterior empresa, podría ser habilitado nuevamente para la pesca. Pero esta no es la cuestión. Lo que no debería hacerse es otorgar permisos de pesca a ninguna empresa nacional de capital extranjero cuando buques del mismo país pesquen ilegalmente los recursos migratorios originarios de la ZEE en alta mar o en Malvinas.
Los Estados de pabellón deben desalentar a sus nacionales la pesca ilegal si quieren obtener permisos por parte de los Estados ribereños, y las empresas nacionales de capital extranjero radicadas en la Argentina deben presionar a sus gobiernos para terminar con la pesca ilegal. No es admisible, por ejemplo, que, habiendo reconocido España la soberanía argentina de Malvinas, sus buques pesquen ilegalmente en las aguas de esos archipiélagos y la Autoridad otorgue permisos en el continente como si nada pasara.
El problema no son solo los chinos. El problema es que la Argentina tiene los recursos y los mercados, y no es posible regalarle esto a los países que operan subsidiados para hacerse de las proteínas y, mucho menos, perder la autonomía de la política pesquera y la administración del Atlántico Sur; aunque, a juzgar por los hechos, ello está ausente en el gobierno nacional. El problema no son solo los chinos, también es el enclave británico en el mar argentino.
Por su parte, chartear un buque es simplemente alquilarlo y ello, de por sí, tampoco significa actuar ilegalmente; por ejemplo, podría chartearse una embarcación mientras se construye un buque en un astillero local para cumplir con las capturas autorizadas, aunque muchas veces también puedan enmascararse sociedades con empresas extranjeras no autorizadas o establecerse aparentes sociedades mixtas que encubren el ingreso de buques al caladero mediante el pago de una comisión a una empresa nacional. Estas son cuestiones que también deben calificarse de ilegales y donde la Autoridad de Aplicación ha sido y es responsable a la hora de autorizarlas. Del mismo modo, cuando a través del alquiler de buques nacionales con cuotas, una empresa se excede de la concentración de cuotas de captura.
En la citada entrevista, le manifesté al periodista cuestiones sobre las que yo vengo escribiendo desde la década del 90, cuando se inició la gran radicación extranjera en el ámbito de la pesca; primero, a través de sociedades mixtas y luego mediante la adquisición de permisos pesqueros a empresas nacionales. De tal manera que, en la actualidad, siete de las diez más importantes empresas exportadoras de productos pesqueros en la Argentina son nacionales de capital extranjero.
En el país hay empresas nacionales de capital chino, español, americano, noruego, etc., mientras buques del Estado chino pescan en alta mar recursos migratorios originarios de la ZEE y buques españoles —mayoritariamente gallegos—, como dijimos, pescan asociados a capitales británicos los recursos argentinos en las aguas de Malvinas. Y de esto nada refiere el informe del Proyecto The Outlaw Ocean, de lo que me ocupé de resaltar en la citada entrevista.
No debería registrarse ni otorgarse autorizaciones o cuotas a aquellas empresas nacionales de capitales extranjeros cuando buques extranjeros del mismo Estado al de estas empresas realicen pesca ilegal en alta mar o en Malvinas. Que “el cuco” no nos haga perder de vista al “hombre de la bolsa”. Vamos a tener que tomar la sopa.
*Experto en Atlántico Sur y Pesca – Ex Secretario de Estado. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL).
