*Por César Augusto Lerena
Disculpen si somos algo escatológicos en este escrito. Se dice que la corrupción mata, pero en la pesca también da olor putrefacto; afecta la imagen de la actividad, a las ciudades y pueblos productores; daña a toda la gente que trabaja en el rubro y a todos los empresarios por igual, aun aquellos que se esfuerzan por comercializar productos de calidad y se ajustan a los procedimientos legales.
La corrupción desalienta los hábitos de los consumidores, ya que, con una baja cultura alimentaria, asocian este producto altamente perecedero con los cuestionables métodos que algunos utilizarían para hacerse de él. Finalmente, el silencio de los funcionarios ante denuncias de coimas termina confirmando que, si el río suena, agua trae, y esta es un gran lodazal. Suele considerarse a la pesca como un sector mafioso, y los últimos hechos referidos a supuestas coimas para renovar las cuotas de captura no hacen más que acrecentar esta idea, tirándole un balde de materia fecal a toda la actividad sin excepción.
El retrato original es de vieja data. Tiene su inicio en el pésimo concepto que tenían todas las actividades portuarias y las que usaban cuchillo para sus labores: los cuchilleros, la faena clandestina, la matanza y cuereado en catres en mataderos, las tareas a bordo, donde en algunos casos se realizan trabajos esclavos; los oficios portuarios y el fileteado en ambientes clandestinos y deplorables. Además, la gente recuerda el origen siciliano de la mafia italiana, la camorra napolitana y la ndrangheta calabresa y, en la pesca, los inmigrantes provinieron de estas regiones: aunque muchos respetables, pagan por pecadores.
También los gallegos agregaron lo suyo al robarse los recursos argentinos en Malvinas, y eso duele. Ahora, desde hace 50 años, la responsabilidad de mantener una execrable imagen es exclusiva de las empresas y empresarios argentinos o extranjeros radicados en la Argentina. Los alcanza a todos por igual. ¿Es cierto entonces que la pesca es mafiosa? Es una de las preguntas referidas al sector que más hemos recibido en casi cincuenta años de vínculo con la actividad.
Cuando escuchamos hablar de coimas, no podemos ser hipócritas; era vox pópuli que los permisos de pesca se vendían en escribanías cuando la pesca era “olímpica” y, luego, esta situación se blanqueó con la sanción de la Ley 24.922 al establecerse el otorgamiento de las “Cuotas Individuales Transferibles de Captura” (CITC). Y, aunque “los negocios” con plata negra no son una cuestión nueva, lo difícil es probarlos.
Nosotros colaboramos con la redacción del artículo 1º de la ley 24.922, pero los demás artículos fueron elaborados por varios empresarios pesqueros y un dirigente gremial, desnaturalizando el referido artículo 1º. Un recurso del Estado no debería ser transferido, y mucho menos alquilarse los buques a terceros para que estos hagan uso de cuotas y/o autorizaciones. Se ha transformado una actividad productiva en inmobiliaria.
Parece una concesión, pero en los hechos es una privatización transitoria —de bajo costo— de los recursos del Estado, y ahora, frente al vencimiento de las cuotas otorgadas, mantener las mismas condiciones para el período 2025-2040 con las que se les adjudicó la concesión por quince (15) años, de 2009 a 2024, resulta insólito. ¿Cuál sería el nuevo aporte, aparte del pago de los derechos de captura, para hacerse acreedor de este nuevo período? Gran parte del crecimiento de las empresas deriva de la concesión a vencer en 2024.
Lo hemos dicho: las cuotas y autorizaciones de pesca tienen más valor que el mejor buque. Frente a la duda que se instala a partir del plan original de Sturzenegger de extranjerizar la pesca y la posterior denuncia concreta de los medios LPO, Revista Puerto y Punto Noticias, ¿por qué no habría que creer que, frente a la renovación por 15 años de las cuotas de pesca, no haya existido un intento de coima de algún intermediario oficioso? Más aún cuando los funcionarios y el gobierno guardan silencio.
Suponiendo que las cuotas estaban siendo manejadas por “carmelitas descalzas” y toda la cuestión de la cometa de 15 millones de dólares la habrían inventado un ex subsecretario de pesca, empleado de una tradicional pesquera, y un gerente de una empresa de capital extranjero, ambos marplatenses —como se dice en los ambientes portuarios— para lograr que todo siga como está. Cuestión que todas las cámaras y sindicatos corrieron presurosos a solicitar (ver Actas del CFP 10, 12 y 14/24) y, luego, respaldar públicamente los buenos oficios del Consejo Federal Pesquero y el Subsecretario de Pesca.
Ambos hechos resultan cuestionables: la existencia de un eventual pedido de coima, que no ha quedado debidamente aclarado, y el cierre, en pocos meses, del proceso de adjudicación de las cuotas.
Un proceso racional y cristalino de adjudicación de nuevas cuotas —no de renovación, como se pretende instalar— debería haber hecho un llamado público a eventuales interesados y la conformación de una comisión ad-hoc de profesionales y técnicos de distintas disciplinas (pesqueras, navieras, económicas, industriales, jurídicas, etc.) que tengan en cuenta lo siguiente:
- Dictamen previo si las cuotas y/o autorizaciones que la empresa tiene validez suficiente, teniendo en cuenta los antecedentes obrantes en la Subsecretaría de Pesca confrontados con la auditoría de la Universidad de Buenos Aires (2002, Expte. S01 N° 0178755/2002 e informe del 21/8/2003).
- Dictamen sobre el cumplimiento de los requisitos previstos en los art. 7º, 9º, 26º y 27º de la Ley 24.922.
- Garantizar que el otorgamiento de cuotas no se considere una “concentración indeseable” en relación con las especies que se cuotifican y el resto de las empresas pesqueras interesadas.
- Se establezca una “Unidad Económica Pesquera” de modo que la cuota a otorgar garantice la sustentabilidad de las pequeñas empresas, de modo de evitar la posterior transferencia de cuotas por imposibilidad de sostener la actividad o solicitar cuota al solo efecto de transferir luego las cuotas a terceros.
- Se incorporen buques con alta tecnología relativa a la eficiencia pesquera; reducción de la huella de carbono; que cuenten con sistemas que garanticen la óptima calidad del producto capturado y transportado fresco y que apliquen sistemas de pesca selectiva.
- Que los productos se procesen en el país y se destinen directamente al mercado minorista internacional o nacional; se realice un mayor aprovechamiento de los residuos y no se produzcan descartes en el mar.
- Nuevas inversiones en acuicultura y/o maricultura; la industrialización del producto en tierra, emprendimientos portuarios, mejora tecnológica, desarrollo logístico destinado al mercado interno, etc.
- Presenten proyectos de Responsabilidad Social respecto a la comunidad de asiento de las empresas.
- Guarden relación con las descargas en los puertos y su industrialización en los territorios provinciales.
- El tiempo de vencimiento de la concesión determinado por la cuantía de las inversiones y de su recuperación económica.
Complementariamente, se establezca un porcentual de capturas a los nuevos emprendimientos e inversiones de empresas nacionales que deseen incorporarse a la actividad y que no tengan relación de ninguna naturaleza con empresas actualmente concesionarias.
Al mismo tiempo, cabe aclarar que las cuotas de captura están referidas exclusivamente a las especies merluza hubbsi, merluza de cola, merluza negra, polaca y vieira. Pero las concesiones deberían alcanzar también al langostino, calamar y otras especies que son de igual o mayor importancia que las citadas.
Volviendo a las denuncias de corrupción a la hora de adjudicarse las cuotas de captura de varias especies por parte del Consejo Federal Pesquero, el gobierno y los mencionados deben dar las suficientes explicaciones. Y le recordamos a la Justicia que algunas de las empresas y personas mencionadas por los medios LPO, Revista Puerto y Punto Noticias (8/9/24) se cite a declarar a todos los funcionarios del Consejo Federal Pesquero, al Subsecretario de Pesca López Cazorla, a las empresas “Iberconsa” (Platinum Equity/Juan P Basavilbaso), “Moscuzza”, “Solimeno” (Antonio Solimeno), “Argenova”, “Arbumasa”, “San Isidro”, “Newsan” y “Estrella Patagónica”, a Santiago Caputo (Asesor del Presidente), Lule Menem, Karina Milei, Juan Pazo (delegado de Ministro Caputo), Sergio Iraeta (Secretario de AGyp), Federico Sturzenegger, Marcelo González (ex Gerente de Estremar), Miguel Bustamante, Eduardo Boiero (CAPECA), Fernando Rivera (CAIPA), Lisandro Belarmini (Moscuzza), Agustín Ocampo (Glaciar Pesquera), Jorge Frías (Capitanes de Pesca), Cristina Ledesma (SOIP) y la Embajada de Estados Unidos.
Hubiese o no solicitud o pago de una coima para renovar las cuotas, lo que es innegable es que la política pesquera argentina merece más y mejores explicaciones que un simple comunicado respaldando la política pesquera del Gobierno.
*Experto en Atlántico Sur y Pesca – ex Secretario de Estado. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL).
12/9/2024
