Por Redacción
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof se reunió el último miércoles con representantes sindicales y de las cámaras del sector pesquero. Durante el encuentro, que se llevó adelante en el Hotel Provincial de Mar del Plata, se analizó el contenido de la mentada Ley Ómnibus que busca modificar de manera significativa el régimen de pesca en el país. Los participantes del cónclave coincidieron en manifestar su rechazo a la iniciativa oficial que tendría afectaría al empleo y a la producción pesquera marplatense.
Acompañado por el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, el gobernador expresó que “el gobierno de la Provincia rechaza tanto la metodología como el contenido del proyecto de ley, ya que implica el remate de los recursos nacionales y pone en riesgo el trabajo local, la producción y las inversiones”.
Asimismo, puntualizó que “durante la reunión analizamos cómo afectaría esta norma a cada uno de los actores de la cadena y constatamos que ninguno había sido consultado. La industria pesquera tiene una importancia superlativa en la provincia de Buenos Aires, por eso hemos establecido líneas de trabajo que nos permitan acompañar a un sector que hoy está en riesgo”.
“Aquí en Mar del Plata se comprende que la implementación de esta ley afectaría a miles de empresas y familias de trabajadores dedicadas a la actividad hace muchas generaciones. Sabemos que hay mucho para mejorar, pero esta ley va en el sentido contrario: nos dejaría sin empleo y sin industria nacional, arruinándoles la vida a miles de bonaerenses”, subrayó Kicillof.
Por último resaltó “se escuchan versiones acerca de una intención del Gobierno Nacional para que los gobernadores apoyemos estas modificaciones a cambio de recursos. Quiero decirlo delante de sus representantes: la provincia de Buenos Aires no va a aceptar ningún tipo de presión para acompañar medidas que perjudiquen al sector pesquero”.
Cabe destacar que el gobierno de Javier Milei impulsa la creación de un sistema de licitaciones internacionales donde las cuotas de captura se ponen a remate para el mejor postor. De este modo se elimina los parámetros vigentes que condicionan la actividad al desembarco en puertos argentinos y la utilización de embarcaciones de bandera nacional, del mismo modo se ven afectadas la inversión local y el fomento del trabajo argentino.
Fuentes oficiales sostuvieron que la aplicación de esta norma afectaría de manera negativa a toda la cadena de producción pesquera, teniendo mayor impacto sobre los puestos de trabajo. Por otro lado, aseveraron que se limitaría el accionar del Consejo Federal Pesquero lo que restringiría la posibilidad de las provincias con litoral marítimo de establecer cuotas y aprobar permisos. En ese orden, quien asumiría dicho rol sería la Autoridad de Aplicación quien podrá asignar cuotas de pesca a los mejores oferentes, quienes tendrán la potestad de transferirlas sin necesidad de contar con autorización previa.
4/1/2023
