Por Redacción
La jueza federal Sandra Arroyo Salgado finalmente concedió este viernes la prisión domiciliaria a Alesia Abaigar, funcionaria bonaerense del Ministerio de la Mujer y las Diversidades, tras nueve días de detención en el Penal de Ezeiza. Abaigar permanecía presa acusada de haber organizado una actividad de protesta en la casa del diputado nacional de La Libertad Avanza, José Luis Espert, quien permanentemente recurre a la violencia verbal para detractar a las y los opositores al régimen reaccionario.
La jueza se había negado en primera instancia a otorgarle la excarcelación, pero cambió de postura luego de recibir un informe médico oficial que constató que Abaigar padece una enfermedad autoinmune pulmonar. Según fuentes judiciales, la magistrada decidió que continuar con la prisión preventiva podía poner en riesgo la salud de la funcionaria.
En su declaración indagatoria, realizada el jueves pasado, Abaigar ya había informado sobre sus antecedentes médicos y la operación de alta complejidad que debió afrontar el año anterior. Frente a esta situación, la defensa de Abaigar solicitó con urgencia la prisión domiciliaria para que pueda recibir el tratamiento médico que requiere.
El abogado defensor Daniel Llermanos presentó un escrito en el que pidió que “se deje sin efecto -por inoficioso- el traslado a la querella y se ordene el inmediato traslado de mi asistida a su domicilio particular para posibilitar el tratamiento médico ordenado”.
La defensa explicó que “el propio Cuerpo Médico Forense diagnosticó a Abaigar como portadora de una enfermedad que requiere, de forma esencial y continua, la administración de Rapamicina, sustancia que torna inviable su permanencia en contexto carcelario debido al riesgo elevado e inmediato de infecciones graves o mortales”.
Sin embargo, Arroyo Salgado demoró su decisión y antes de otorgar la prisión domiciliaria exigió que se recabe la opinión de la querella, en este caso el diputado Espert. La defensa de Abaigar cuestionó esa medida y afirmó que “una medida de salud no sujeta a controversia entre partes, sino derivada de un dictamen técnico-científico de un organismo estatal especializado, cuya finalidad es proteger la vida e integridad física de las personas bajo custodia judicial”.
Los abogados destacaron que “abrir un contradictorio en una cuestión de salud, urgencia médica y dignidad humana, además de resultar formalmente improcedente, constituye un acto materialmente ilegítimo y contrario a la Constitución Nacional, a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional, y a la jurisprudencia consolidada tanto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
Mientras la Cámara Federal de San Martín debe resolver si la funcionaria seguirá detenida, la demora y la insistencia de Arroyo Salgado en sustentar la prisión domiciliaria evidencian un uso judicial arbitrario, politizado y con claros tintes persecutorios contra la funcionaria kirchnerista. La Justicia vuelve a mostrar una mano dura selectiva, mientras protege a los sectores políticos aliados de la causa que han impulsado las acusaciones con fines claramente políticos y con desprecio por la salud y dignidad de la detenida.
