Por Redacción
La jueza Karina Andrade enfrenta una denuncia penal por su decisión de liberar a 114 detenidos tras la represión ocurrida en la marcha de jubilados frente al Congreso, el 12 de marzo. La presentación judicial fue efectivizada por el Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, quien acusó a la magistrada de prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado.
La ahora funcionaria libertaria cargó contra la jueza a través de su cuenta en X, afirmó que Andrade “violó la Ley de Reiterancia” y liberó a los detenidos “por WhatsApp”, sin verificar sus antecedentes. “No fue un error, fue complicidad”, sostuvo Bullrich sin dar explicaciones sobre el accionar de las fuerzas bajo su mando que desataron un feroz ataque contra los manifestantes y tras la represión iniciaron una cacería de personas en las inmediaciones del Congreso Nacional.
El Gobierno cuestionó la decisión de la jueza, alegó que Andrade actuó fuera de su competencia, interviniendo en un procedimiento de flagrancia que debería haber sido gestionado por la Fiscalía. Asimismo, desde el Ministerio de Seguridad se aseguró que los detenidos liberados tenían antecedentes por delitos graves, incluyendo robo, narcotráfico y agresiones, sin embargo no mostró ninguna prueba de ello. Durante el operativo tampoco se registró la detención de ningún “barra brava”.
La denuncia sostiene que la jueza justificó su resolución en la falta de espacio en los centros de detención, aunque el Gobierno refutó este argumento, aseveró que existían plazas disponibles en las unidades penitenciarias. No obstante, la mayoría de los detenidos permaneció incomunicado y sin que se conozca su paradero durante varias horas de la jornada y fueron alojados en camiones celulares.
Andrade, por su parte, defendió su fallo. En su resolución, explicó que las detenciones no cumplían con los requisitos legales mínimos y que la Fiscalía no había proporcionado la información necesaria para proceder con un control judicial adecuado. “No se detallaron los hechos concretos que justificaran la detención de cada persona. La información era absolutamente deficitaria”, argumentó la jueza.
La magistrada rechazó las acusaciones del Gobierno sobre la peligrosidad de los detenidos. “Ninguno de los detenidos estaba imputado por delitos graves como portación de armas o incendio”, señaló. Además, destacó que la falta de información detallada sobre los arrestos vulneró los derechos constitucionales de los detenidos. “La exigencia de comunicación inmediata se anuda directamente con la garantía de libertad personal como parte inviolable de la dignidad de las personas”, agregó.
Con esta denuncia, Patricia Bullrich vuelve a vulnerar la independencia de poderes, al mismo tiempo que justifica el salvaje ataque contra la población que encabeza el gobierno libertario. La Justicia evaluará si la decisión de la jueza Andrade constituyó una violación de sus deberes o si, como sostiene la magistrada, simplemente garantizó los derechos constitucionales de los detenidos. Mientras un gran porción del pueblo exige la renuncia y el enjuiciamiento de las ex militante de Montoneros.
17/3/2025
