Por Redacción
El Secretario General de la ONU, António Guterres, explicó a través de un informe de política que se “necesitan al menos 982.000 millones de dólares en medidas de estímulo fiscal para responder a los choques inmediatos del mercado laboral de la crisis”. El funcionario pidió la conformación de un Acelerador Mundial para el Empleo y la Protección Social para la ceración de 400 millones de puestos de trabajo.
“Invertir en un crecimiento rico en empleo, en protección social y en una transición justa hacia un futuro de emisiones netas cero, en particular en los países de bajos y medianos ingresos, podría evitar que se profundicen las desigualdades entre las economías desarrolladas y en desarrollo que se han exacerbado durante la pandemia del COVID-19”, expresó en el documento el titular de la ONU.
En tal sentido, manifestó que “se necesitan al menos 982.000 millones de dólares en medidas de estímulo fiscal para responder a los choques inmediatos del mercado laboral de la crisis y para apoyar una transición justa, así como 1,2 billones de dólares anuales para los pisos de protección social en los países de ingresos bajos y medios”.
“Ninguna economía avanzada ha logrado el progreso económico y social sin invertir en sistemas de protección social y servicios públicos de calidad que proporcionen a las personas el apoyo necesario para sortear las vicisitudes de su vida”, sostuvo el funcionario de las Naciones Unidas.
El informe de la política de la ONU, detalló que “mientras que la riqueza de los multimillonarios aumentó en más de 3,9 billones de dólares entre marzo y diciembre de 2020, el impacto de la pandemia en el mundo del trabajo, entre otros factores, aumentó el número de pobres extremos en entre 119 y 224 millones de personas, el primer aumento de la pobreza en más de 21 años”.
En tal sentido, se explicó que ” en 2020 se perdió el 8,8% del total de horas de trabajo, lo que equivale a las horas trabajadas en un año por 255 millones de trabajadores a tiempo completo. Esto corresponde a una pérdida de 3,3 billones de dólares en ingresos laborales antes de las ayudas gubernamentales. Debido a la pandemia, se estima que en 2021 habrá 75 millones de puestos de trabajo menos que antes de la crisis, y 23 millones menos previstos para 2022″.
Guterres aseguró que “los sectores público y privado deben aprovechar la financiación para aumentar significativamente dichas inversiones a fin de que el mundo vuelva a estar en condiciones de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de hacer frente a los riesgos cada vez mayores del cambio climático y la degradación del medio ambiente, que podrían poner en peligro 1.200 millones de puestos de trabajo, lo que equivale al 40% de la población activa mundial”.
El dirigente internacional remarcó “una recuperación de la pandemia centrada en las personas necesita que las políticas de empleo y de protección social trabajen conjuntamente, no sólo para mejorar el nivel de vida de las personas, sino también para ayudarles a afrontar los retos de un mundo laboral en rápida evolución y la transición hacia el objetivo de cero emisiones netas de carbono para 2050”.
El contexto amerita, para Guterres la creación de un “Acelerador Mundial para el Empleo y la Protección Social que cree al menos 400 millones de puestos de trabajo y extienda la protección social a 4.000 millones de mujeres, hombres y niños que actualmente carecen de cobertura”.
El informe “Invertir en empleo y protección social para la erradicación de la pobreza y una recuperación sostenible”, promueve: “Desarrollar estrategias de recuperación integradas, nacionales e inclusivas, para la creación de empleos decentes, especialmente en los sectores de los cuidados y de la ecología, la protección social universal y una transición justa, y garantizar que estén en consonancia con las políticas macroeconómicas y fiscales y que se apoyen en datos sólidos”.
Así como “ampliar la inversión en Pisos de Protección Social como porcentaje del PIB en los presupuestos nacionales. Diseñar medidas políticas para ampliar la protección social a los trabajadores de la economía informal y fomentar la formalización progresiva de las empresas y el empleo, incluso en la economía del cuidado”.
Por otro lado se demandó la creación de “políticas activas del mercado de trabajo para ayudar a los trabajadores a mejorar su formación para mantener o cambiar su empleo, y adaptarse a las transiciones verde y digital” y “desarrollar una arquitectura financiera sólida para movilizar las inversiones en favor del empleo digno, la protección social y una transición justa, entre otras cosas canalizando los DEG hacia estrategias nacionales de recuperación de los países que lo necesiten”.
El informe recomendó “reforzar la colaboración con el sector privado para aumentar las inversiones en sectores estratégicos con el fin de promover el espíritu empresarial, llegando de manera efectiva a las mujeres y a las empresas propiedad de mujeres en particular, para cerrar la brecha de competencias”.
Por último, se estableció que es necesario “alinear las estrategias con los Acuerdos Climáticos de París, de manera que apoyen a las empresas y a los trabajadores, al tiempo que se garantiza que las poblaciones vulnerables no se queden atrás en la transición hacia economías con cero emisiones netas de carbono”.
28/9/2021
