Por Redacción
El informe de la Organización Internacional del Trabajo: “Encerrados y en el limbo: El impacto global de la COVID-19 en los derechos de los trabajadores migrantes y su contratación”, dio cuenta que la pandemia de la COVID-19 ha tenido un “efecto devastador para los trabajadores migrantes” en todo el mundo. Los sectores precarizados, de bajos salarios, fueron los que más sintieron el impacto de la crisis.
La OIT aseguró que “a muchos trabajadores migrantes se les suspendió sumariamente su empleo o se les despidió a medida que el virus se extendía, dejándolos sin una fuente de ingresos”, al mismo tiempo “a algunos empleados se les suspendió sin sueldo, mientras que a otros se les redujeron las horas o los salarios o se les exigió que se fueran de vacaciones”.
El informe detalla, asimismo, que en este marco a un alto porcentaje de trabajadores migrantes ” no se les pagó por el trabajo que habían realizado, en violación de los términos de sus contratos. Los trabajadores migrantes se encontraron a menudo desamparados debido a los cierres de las fronteras. Otros fueron repatriados repentinamente, sin que existieran sistemas y protocolos operativos”.
“En algunos casos, se utilizó la ley de salud pública para justificar su expulsión. A menudo, los repatriados fueron estigmatizados y sometidos a largos periodos de cuarentena obligatoria por ser considerados portadores de la COVID-19”, remarcó la Organización Internacional del Trabajo.
En tal sentido, la investigación precisó que “en Malasia, por ejemplo, los migrantes constituían más del 50% de la mano de obra de varias empresas de confección que cerraron, dejando a miles de personas sin trabajo. Las pérdidas de empleo de los trabajadores migrantes de Sri Lanka se describieron como algo sin precedentes, ya que los contratos se terminaron prematuramente”.
Del mismo modo, el informe destacó que “además de perder sus puestos de trabajo, los trabajadores migrantes también se vieron a menudo excluidos, directa o indirectamente, de los paquetes de protección social por la COVID-19 para los trabajadores nacionales, como la asistencia sanitaria básica y las medidas de seguridad de los ingresos contra las pérdidas repentinas de empleo y salario. Esto los dejó aún más expuestos a la pandemia”.
La precarización se evidenció en situaciones sociales donde los trabajadores migrantes se vieron “desempleados, sin poder salir y sin ningún tipo de ayuda, muchos trabajadores migrantes contrajeron deudas adicionales y perdieron sus ahorros, que utilizaron para cubrir los gastos básicos para ellos y sus familias o para intentar regresar a su país”.
“La deuda tiene implicaciones financieras, sociales y psicológicas para la reintegración de los que vuelven, dice el informe. Los emigrantes que regresan a casa tras una migración “fallida” pueden enfrentarse a amenazas, abusos o violencia por parte de prestamistas”, consideró la OIT.
Por otro lado, el informe demostró que urge que los gobiernos tomen medidas inmediatas para proteger los derechos de los trabajadores migrantes. Para ello, la OIT recomendó:
*Incluir a los trabajadores migrantes en todos los paquetes y servicios de salud y recuperación relacionados con la COVID.
*Aplicar medidas de seguridad y salud en el trabajo (SST) sobre la base de la igualdad de trato con los nacionales, y garantizar la protección contra la violencia de género y el acoso en el trabajo.
*Garantizar que todos los trabajadores migrantes, incluidos los que se encuentran en situación irregular, tengan acceso a mecanismos gratuitos o asequibles de reclamación y otros mecanismos de resolución de conflictos.
*Revisar y mejorar los acuerdos bilaterales para que contengan mecanismos eficaces para proteger a los trabajadores migrantes afectados por crisis económicas repentinas, y para facilitar su retorno seguro.
*Ampliar la igualdad de trato con los nacionales para garantizar la no discriminación.
*Garantizar que los trabajadores migrantes no paguen tasas de contratación ni costes relacionados (incluidos los relacionados con el equipo de protección personal (EPP), las pruebas, la vacunación, la certificación de vacunación, la cuarentena, etc.) de acuerdo con los Principios Generales y Directrices Operativas para la Contratación Justa y el Convenio nº 181 .
*Introducir directrices para las asociaciones de contratación sobre la supervisión y el apoyo y la coordinación de los trabajadores migrantes durante una pandemia (o una crisis similar).
*Aumentar la inspección y la supervisión gubernamental de las prácticas de contratación.
*Asegurarse de que las asociaciones de contratación difunden información sobre los protocolos de salud y seguridad.
Las situación se agrava frente a las condiciones cotidianas con las que tienen que enfrentarse los migrantes, en un contexto permanentemente hostil donde su condición humana es atropellada, desdeñada y descartada por un sistema que produce constantes injusticias sociales y obliga a vivir en la indignidad a millones de personas en todo el mundo.
Fotografía: OIT
24/11/2021
