Por Redacción
El Gobierno de Milei, a través del decreto 1096, modificó el reglamento del régimen de contratación en la Administración Nacional, estableciendo cambios que impactan directamente en las universidades públicas. Según lo publicado este martes en el Boletín Oficial, la justificación de la se argumentó bajo la idea de “control efectivo de los recursos” y de asegurar “la transparencia” en los procedimientos.
La decisión, promovida por la gestión libertaria, eliminó la posibilidad de que las entidades estatales celebren contrataciones directas con universidades nacionales y organizaciones de la economía social. Este cambio se dio en un contexto de nuevas exigencias para las altas casas de estudio, que ahora deben reportar sus gastos, contrataciones y contabilidad a través de los portales oficiales COMPR.AR, CONTRAT.AR y e-SIDIF.
Fuentes universitarias confirmaron a este medio que la decisión oficial es vaciar y desfinanciar a las casa de altos estudios nacionales. Por medio de esta medida, muchos docentes, estudiantes y egresados universitarios perderán una fuente más de ingresos, denunciaron. Al mismo tiempo, advirtieron que no se impulsa la transparencia sino una matriz de negocios que nada tienen que ver con el trabajo académico.
El decreto derogó los artículos 23, 23 bis y 24 del reglamento establecido en el DNU 204/2004, que permitían la adjudicación simple con universidades nacionales y organizaciones de la economía social. Además, el Ejecutivo sustituyó el artículo 14, redefiniendo los criterios de contratación directa, los cuales se dividen en dos modalidades principales:
- Compulsa abreviada: se aplicará en situaciones urgentes, involucrando a múltiples oferentes.
- Adjudicación simple: reservada para casos en los que solo exista un proveedor disponible.
El texto oficial detalla que los nuevos procedimientos exigirán al menos tres días hábiles de antelación para la presentación de ofertas y la publicación de las convocatorias en portales oficiales, con el objetivo de garantizar la publicidad de los procesos.
Desde el Gobierno, justificaron la medida como parte de una política de mayor transparencia. Sin embargo, sectores académicos y sociales expresaron preocupación por las implicancias del decreto. “Las universidades cumplen un rol clave en la articulación con el Estado, y estas modificaciones pueden limitar su capacidad de colaboración en proyectos estratégicos”, advirtió un rector que prefirió el anonimato.
Por su parte, representantes de la economía social manifestaron que las nuevas disposiciones pueden generar un impacto negativo en el desarrollo de programas vinculados al trabajo comunitario y local.
El decreto 1096 se suma a una serie de medidas recientes que buscan ajustar los mecanismos de contratación en la administración pública. Las universidades nacionales habían sido notificadas previamente sobre la obligatoriedad de reportar sus operaciones en plataformas digitales, lo que generó tensiones en el ámbito académico. Mientras el Ejecutivo asegura que estas reformas buscan “modernizar” y “transparentar” los procedimientos, las críticas apuntan a que podrían centralizar aún más las decisiones, dificultando la dinámica de colaboración entre las instituciones educativas y el Estado.
17/12/2024
