Por Redacción
El Régimen de Promoción del Empleo Registrado, incluido en la Ley de Bases aprobada por el Congreso a mediados de 2024, fracasó en su objetivo de formalizar el trabajo no registrado. En el periodo que va desde septiembre a diciembre de 2024, solo 16.703 trabajadores accedieron a la regularización, cifra que representa apenas el 0,3% del total de asalariados no registrados estimados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
La medida contó con la adhesión de 1.950 empleadores que, a cambio de regularizar a sus trabajadores, recibieron la condonación de deudas por aportes y contribuciones y la eliminación de sanciones económicas por empleo no registrado. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), sucesora de la AFIP, informó que la recaudación derivada del programa alcanzó los 2.000 millones de pesos.
Especialistas en derecho laboral advirtieron que el diseño del régimen atentó contra sus propios fines. Los últimos datos publicados por el INDEC reflejan que la informalidad sigue siendo un problema estructural. En el primer trimestre de 2025, la cantidad de asalariados no registrados llegó a 5.437.000, apenas 11.000 menos que en el mismo período del año anterior. A la par, el empleo asalariado registrado sufrió una caída, pasando de 11.199.000 en 2024 a 11.145.000 en 2025.
El único crecimiento significativo se observó en la categoría de trabajadores sin relación de dependencia, donde predominan monotributistas y cuentapropistas, muchos de los cuales también operan en la informalidad. En total, la cantidad de ocupaciones en el país sumó 22.688.000, un aumento de 227.000 respecto al año previo. Sin embargo, el empleo registrado genuino permanece estancado.
Según el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), los asalariados registrados en el sector privado fueron 6.255.083 en abril de 2025, cifra que marcó el nivel más bajo del primer cuatrimestre. Dentro de los empleadores que adhirieron al régimen, el 90% fueron micro y pequeñas empresas o entidades sin fines de lucro, beneficiadas con la condonación del 90% de sus deudas previsionales y sociales. Asimismo, participaron 51 firmas medianas y 282 grandes empresas, que accedieron a descuentos del 80% y 70%, respectivamente.
Las actividades con mayor adhesión fueron el comercio, con 661 empleadores; la industria, con 266; los servicios de alojamiento y gastronomía, con 182; los servicios profesionales, con 131; la salud, con 116; y el agro, con 109. Por otro lado, 206 empleadores aprovecharon el régimen para rectificar remuneraciones previamente subdeclaradas.
En conclusión, el Régimen de Promoción del Empleo Registrado no logró reducir la informalidad laboral y apenas modificó la superficie del problema. A pesar de los beneficios fiscales otorgados, la eliminación de sanciones terminó premiando el incumplimiento, lo que limitó severamente la efectividad de la medida.
