Por Redacción
El Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, que conduce Mariano Moreno, denunció que a través de una resolución el gobierno libertario busca restituir un Decreto rechazado por el Congreso de la Nación. La intención oficial es rehabilitar la operación de buques extranjeros en tráficos reservados a naves de bandera argentina.
Moreno aseguró que «es una maniobra que roza lo inconstitucional, que no respeta la división de poderes y que tiene la palabra negocios por todos lados». La mismo tiempo, afirmó que desde los libertarios «creen que desregulando se bajan los costos laborales, ya sea en salarios o en contribuciones patronales, pero lo que en realidad hacen es vulnerar derechos individuales, colectivos, sociales y sindicales».
La disposición oficial, publicada el 9 de septiembre en el Boletín Oficial, introduce cambios en las normas que regulan la Marina Mercante Nacional y el Cabotaje. Sustituye el sistema que exigía publicaciones y consultas previas por un esquema de declaración jurada, mecanismo que permite operar a buques de bandera extranjera en trayectos reservados para embarcaciones nacionales bajo el argumento de que no hay barcos argentinos disponibles.
El dirigente sindical expresó: «si pusieran el mismo esfuerzo que dedican a inventar estas maniobras en generar desarrollo e industria, el país ganaría tanto que no tendrían que preocuparse por los salarios de los trabajadores». Y remarcó que «prefieren meter tripulación extranjera en el cabotaje y eliminar los controles que protegen el trabajo argentino».
Asimismo, ratificó que la Resolución 41/25 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) representa un intento del Poder Ejecutivo por devolver vigencia al Decreto 340/25, recientemente rechazado por el Congreso. En este contexto, el Centro de Patrones acompañó una presentación formal realizada por la Federación Sindical Marítima y Fluvial (Fe.Si.Ma.F) ante la ANPyN el 15 de septiembre, en la que se denunció la entrega de certificados de excepción a la Ley de Cabotaje Nacional y el incumplimiento de la Ley 27.419, que obliga a embarcar personal argentino.
La Federación señaló los casos de los remolcadores “Lautaro C” y “GF Humaitá”, ambos de bandera paraguaya, que recibieron repetidas excepciones para operar en puertos nacionales a favor de Vessel Logística S.A., Mediterranean Shipping Company S.A. y la Agencia Marítima Nabsa S.A. El documento calificó la reiteración de permisos a las mismas empresas como “llamativa, por no decir sospechosa”, y reclamó a la ANPyN que intime a Mediterranean Shipping Company S.A. a respetar la legislación vigente, garantizando la presencia de tripulantes argentinos en los buques autorizados bajo ese régimen.
En tal sentido, la conducción de la organización sindical manifestó que «Javier Milei parece haberse declarado en guerra con la Marina Mercante. Desde el inicio de su gestión, el presidente que prometió ‘liquidar el Estado’ no dejó de apuntar contra la navegación fluvial, la marina y la pesca».
