Por Redacción
El Gobierno de Javier Milei oficializó este viernes, a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, un esquema de incrementos en los impuestos que gravan la nafta y el gasoil en todo el país. Una vez más, el Ejecutivo libertario desmiente sus principios e impulsa gravámenes que termina por pagar el conjunto de la sociedad. Las subas regirán a partir del 1° de septiembre y afectarán directamente el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras en un contexto de inflación creciente.
Los aumentos recaerán sobre el impuesto a los combustibles líquidos y el tributo al dióxido de carbono, que impactan de manera inmediata en el precio de venta en los surtidores. Según lo dispuesto por la norma, el ajuste se aplicará de manera escalonada hasta el 30 de septiembre con el argumento de recomponer la recaudación tributaria, luego de la postergación de las actualizaciones durante 2024.
Desde el Poder Ejecutivo justificaron la medida con un mensaje que responsabiliza a la situación fiscal. De este modo, el oficialismo liberal se excusó en la recomposición progresiva de la «la recaudación tributaria sin descuidar el impacto en la actividad económica». Sin embargo, la decisión llega en un escenario marcado por el deterioro del poder adquisitivo y la aceleración de los precios de los combustibles.
En detalle, el impuesto a la nafta sin plomo y la nafta virgen se fijó en $10.523. Para el gasoil, el monto quedó establecido en $8.577, con un adicional de $4.644 por tratamiento diferencial. A su vez, el tributo al dióxido de carbono se elevó a $0.645 para la nafta y a $0.978 para el gasoil. Estos valores se suman de manera directa al precio final que enfrentan los consumidores.
El impacto será significativo: la nafta y el gasoil representan más del 80% de la demanda interna de combustibles líquidos. Con esta resolución, el gobierno libertario asegura la continuidad del esquema de incrementos periódicos, reinstalado en 2025 tras haber sido suspendido durante gran parte del año pasado.
Los nuevos aumentos se plasman en un escenario de fuerte presión inflacionaria, donde el precio de los combustibles no solo depende de los impuestos, sino también de las variaciones del tipo de cambio, las cotizaciones internacionales del crudo y los costos internos de refinación y distribución.
El decreto estableció que los incrementos diferidos comenzarán a aplicarse desde el 1° de octubre, con el objetivo de trasladar en cuotas la carga impositiva. La normativa recordó que la actualización de estos impuestos es obligatoria y debe realizarse de forma trimestral —en enero, abril, julio y octubre—, tomando como referencia el índice de precios al consumidor elaborado por el INDEC.
Con esta medida, el gobierno de Javier Milei vuelve a cargar el peso del ajuste sobre los trabajadores y consolida un esquema fiscal que profundiza el encarecimiento del transporte y de la producción nacional. Estas decisión desmiente, una vez más, al libertario que en campaña prometió bajar impuestos.
