Por Redacción
El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) emitió en las últimas horas su último informe sobre la dotación de personal del Sector Público Nacional con datos actualizados a junio de 2025. El relevamiento expuso que desde la asunción de Javier Milei, en diciembre de 2023, se perdieron 54.176 empleos en el Estado, lo que significó una reducción del 15,9% en la planta total. El recorte alcanzó ministerios, empresas estatales, entes descentralizados y oficinas estratégicas.
Las empresas públicas encabezaron la lista de despidos. El Correo Argentino lideró el ranking con 4.916 trabajadores fuera de convenio. La Operadora Ferroviaria eliminó 2.801 puestos. Banco Nación despidió a 1.831 empleados y Aerolíneas Argentinas sumó 1.768 desvinculaciones. En términos proporcionales, la ex Télam quedó a la cabeza con la expulsión de casi el 80% de su personal. ENARSA Patagonia despidió al 66,7% de su planta, Educar S.A. redujo su nómina un 52,5% y Contenidos Públicos S.E. achicó 42,7% su dotación.
La poda golpeó áreas de la Administración Pública Nacional. ARCA cerró 3.052 cargos, ANSES recortó 1.457 y el CONICET perdió 1.091 investigadores y técnicos. El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales quedó desmantelado: su planta se achicó un 63%. La Junta de Seguridad en el Transporte se redujo 45% y el INAES, 41%.
El ajuste incluyó una caída fuerte del salario real. Según datos del INDEC, el poder adquisitivo del empleo nacional bajó 31,5% entre noviembre de 2023 y mayo de 2025. En el mismo período, las provincias resistieron mejor, con una pérdida del 6,8%. El decreto 527/2025 fijó aumentos que no alcanzarán a revertir la tendencia: para noviembre de este año, el sueldo estatal nacional quedará 33,1% por debajo del nivel previo a la llegada de Milei.
La gestión libertaria avanzó sin contemplar el impacto en miles de familias, vació capacidades de control, recortó programas y achicó estructuras clave. El Estado retrocedió en sectores estratégicos y dejó organismos sin personal suficiente para cumplir tareas básicas, mientras la promesa de “achicar gastos” recayó sobre quienes sostienen la infraestructura pública y la atención social del país.
