Por Redacción
El Gobierno libertario oficializó en las últimas horas el lanzamiento de un nuevo esquema financiero para reemplazar el sistema tradicional de indemnizaciones por despido, sin debate legislativo ni consulta a los sindicatos. A través de la Resolución General 1066/2025, la Comisión Nacional de Valores (CNV) puso en marcha los llamados “Productos de Inversión Colectiva de Cese Laboral”(PICs), basados en el Decreto 847/2024. Se trata de instrumentos financieros que funcionarían como alternativa al artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo.
El nuevo sistema permite la creación de Fondos de Cese Laboral estructurados como fondos comunes de inversión o fideicomisos financieros. El empleador realiza los aportes, pero la administración queda a cargo de entidades privadas como fiduciarias, depositarias o gerentes de fondos. La supervisión corresponde a la CNV, sin garantía estatal de cobertura total ante un despido.
Con este mecanismo, el trabajador deja de recibir una indemnización proporcional a la antigüedad, y pasa a cobrar lo que haya acumulado en el fondo. “No importa si trabajó un año o diez: el derecho desaparece y lo que existe es un saldo de cuenta”, alertaron fuentes sindicales. En caso de pérdidas del fondo, inflación, devaluación o mala gestión financiera, el empleador no asume ninguna responsabilidad. El riesgo lo asume el trabajador despedido.
Abogados laboralistas advirtieron que el nuevo régimen convierte la relación laboral en una relación financiera. El empleado deja de ser sujeto de derechos laborales y pasa a ser “titular de cuotapartes”: un inversor obligado, dependiente de la rentabilidad del mercado. Aunque el Gobierno sostiene que la implementación del sistema será voluntaria, firmada en convenios colectivos, especialistas laborales señalaron que en sectores con alta precarización y escasa representación gremial, esa “opción” se convierte en imposición.
La consulta pública abierta por la CNV tiene un plazo de apenas 15 días hábiles. No es vinculante, ni prevé instancias institucionales de devolución. “Es una puesta en escena para legitimar una decisión ya tomada”, afirmaron referentes del derecho laboral.
La iniciativa fue comparada con regímenes existentes en países como Austria, Italia y Chile, aunque en esos casos se trata de mecanismos complementarios a la indemnización por despido, no sustitutivos. En Argentina ya existe un sistema similar en la construcción, con aportes del 12% y el 8%, negociado colectivamente para un sector de alta rotación. La generalización de ese modelo a toda la economía representaría un cambio estructural sin precedentes.
Según abogados laboralistas, la medida lejos de reducir juicios podría multiplicar la litigiosidad: “Va a generar conflictos por pérdidas de fondos, por inconstitucionalidad de convenios y por liquidaciones mal realizadas”. Fuentes sindicales, señalaron que el proyecto busca debilitar el poder de negociación de los trabajadores: “Ya no hay resguardo judicial: solo una plataforma bancaria que transfiere lo acumulado el día que el empleador decida despedir”.
El nuevo esquema cambia la estabilidad laboral por la lógica financiera. La responsabilidad empresarial queda desplazada por un producto bursátil, y el derecho del trabajo cede ante un sistema “voluntario” que termina funcionando como obligatorio, indicaron especialista del Derecho Laboral. La media tiene como objetivo precarizar las relaciones laborales y beneficiar a la parte más fuerte como el sector patronal, lo implica un grave retroceso para los trabajadores argentinos.
13/5/2025
