Por Redacción
El gobierno libertario disolvió durante la madrugada de este martes la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), encargada de indagar las denuncias sobre el Caso Libra. Lo hizo a través del decreto 332/2025, firmado por Javier Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. El oficialismo justificó la medida al afirmar que “ya habría cumplido con el objetivo establecido”, aunque no se difundió ningún informe público sobre sus hallazgos.
En el decreto, Libarona aseguró que “la información recopilada por la unidad fue remitida al Ministerio Público Fiscal. La UTI ha dado cumplimiento a la tarea encomendada por el Decreto N° 114/25”.
Con esta decisión se cerró de manera anticipada la tarea del equipo conformado por representantes de la UIF, la CNV y otras dependencias estatales. Había sido creado en febrero, luego del estallido del Caso Libra, para determinar si existieron delitos financieros vinculados al colapso del token $LIBRA, que fue promocionado por el propio Milei desde sus cuentas oficiales.
La criptomoneda se disparó en valor el 14 de febrero tras un posteo presidencial que impulsó la demanda en los mercados digitales. Horas después, sus desarrolladores abandonaron el proyecto sin explicación y el token perdió casi toda su cotización. Miles de personas reportaron pérdidas y calificaron el caso como una posible estafa tipo rug pull.
Milei fue denunciado ante la Justicia argentina y en tribunales de Estados Unidos, donde un grupo de inversores lo acusó de haber usado su cargo para “promocionar de forma engañosa una inversión fraudulenta”. La UTI debía determinar si existieron vínculos entre los promotores del token y funcionarios nacionales.
Pese a su disolución, el Ministerio Público Fiscal confirmó que la causa penal continuará en curso y explicó: “Seguimos recabando pruebas para determinar si hubo delitos vinculados a estafa, lavado de activos o conflicto de intereses”.
Hasta ahora no se conoce quiénes fueron los desarrolladores del token ni si existieron conexiones formales con el entorno presidencial. Tampoco se difundieron los resultados de la investigación impulsada por el Poder Ejecutivo. Aunque el Gobierno afirmó haber cerrado la unidad tras completar su tarea, el expediente judicial permanece abierto y podría derivar en nuevas consecuencias políticas o penales para el Presidente.
20/5/2025
