Por Redacción
El Gobierno de Javier Milei anunció este martes la disolución de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda mediante el Decreto 70/2025. La medida implica que la gestión de programas clave como el plan Casa Propia será absorbida por la Secretaría de Obras Públicas. Según el decreto, esta decisión se fundamenta en la idea de que “la política de vivienda debe ser gestionada principalmente por las provincias, los municipios y el sector privado, reduciendo así la intervención del Estado Nacional en esta materia”.
El cambio se produce en un contexto de desintegración de los principales fondos fiduciarios del sector, como el Procrear y el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), los cuales ya fueron disueltos o se encuentran en proceso de disolución. La Secretaría de Obras Públicas, ahora responsable de coordinar los proyectos habitacionales, deberá realizar un relevamiento de terrenos disponibles y suscribir convenios con gobiernos provinciales y privados para transferir las iniciativas de vivienda.
Sin embargo, la decisión generó críticas y preocupación entre los gremios, quienes advirtieron que podría derivar en el despido de alrededor de 500 empleados. Además, organizaciones sociales y expertos en políticas habitacionales cuestionaron la capacidad de los gobiernos locales y el sector privado para asumir la totalidad de las responsabilidades que hasta ahora recaían en el Estado Nacional.
La medida se enmarca dentro de la política de Milei de reducir el rol del Estado en la financiación de viviendas, una tarea que, según el mandatario, debe ser asumida por los bancos privados y públicos a través de créditos personales. No obstante, esta concepción tendrá impacto especialmente en casos complejos como la relocalización de barrios en la Cuenca Matanza-Riachuelo, un proyecto que fue paralizado por la Corte Suprema el año pasado debido a la falta de avances y recursos.
El recorte en los fondos federales, que dejó de inyectar más de 220 mil millones de pesos a la provincia de Buenos Aires, se produce en medio de una creciente crisis habitacional. Según datos oficiales, en el último año se registró un aumento significativo de asentamientos precarios, mientras que el acceso a créditos y alquileres se ha vuelto insostenible para gran parte de la población más humilde.
El primer año de la gestión de Milei dejó un saldo negativo en el sector de la construcción, con más de 100.000 obras públicas paralizadas y más de 1.800 convenios suspendidos. Estas medidas afectaron directamente a más de 170.000 empleos directos y 400.000 indirectos, según cifras proporcionadas por sindicatos del sector.
En este escenario, la disolución de la Secretaría de Desarrollo Territorial y la transferencia de sus funciones a Obras Públicas profundiza la incertidumbre sobre el futuro de las políticas habitacionales en el país. Mientras el Gobierno insiste en que la descentralización y la participación del sector privado son claves para mejorar la eficiencia, los críticos advierten que la falta de recursos y coordinación podría agravar la crisis de acceso a la vivienda en Argentina.
11/2/2025
