Por Redacción
Sin una política estratégica que consolide la defensa de los intereses económicos nacionales y solo con el objetivo de destruir la estructura estatal con fines recaudatorios, el gobierno reaccionario de Javier Milei dispuso este lunes, a través de un Decreto publicado en el Boletín Oficial, la disolución de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.
La medida establece la creación de la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte. La nueva entidad funcionará como organismo descentralizado dentro de la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía. Federico Sturzenegger, al frente de la «cartera» de desmantelamiento del Estado, anunció el cambio a principios de julio como parte de una paquete de medidas que hacen a la política libertaria.
Por medio de la nueva disposición la Agencia tendrá a su cargo la representación legal e institucional, la dirección general y la gestión económica, financiera y patrimonial. Podrá aprobar su reglamento interno, proponer su estructura organizativa al Poder Ejecutivo, administrar los recursos humanos y confeccionar la memoria anual de gestión. Además, tendrá facultad para aceptar herencias, legados y donaciones, así como celebrar contratos y convenios con organismos públicos y privados del país y del exterior.
El Director Ejecutivo será la máxima autoridad del organismo, ejercerá el cargo con dedicación exclusiva y estará sujeto a un régimen de incompatibilidades similar al de otros funcionarios públicos. Durante el ejercicio de sus funciones y hasta dos años posteriores a su cese, no podrá tener participación accionaria ni vínculos profesionales con empresas de transporte. El personal se regirá por la Ley de Contrato de Trabajo (N° 20.744) y por el Convenio Colectivo General de la Administración Pública Nacional.
La medida oficial obedece a los vectores ideológicos que rigen al gobierno libertario donde el Estado es desguazado en detrimento de los intereses nacionales y a favor del capital privado transnacional. Esta política es fiel a los mandatos establecidos tanto por el Fondo Monetario Internacional como por el alineamiento incondicional al gobierno de Estados Unidos, en medio de una creciente guerra económica global.
