Por Redacción
Trabajadores del Hospital Garrahan anunciaron este martes que presentarán una denuncia penal contra las autoridades de la institución por la falta de respuestas ante el colapso del sistema sanitario. Médicos, residentes y técnicos responsabilizan a la Dirección del hospital y al Ministerio de Salud por el deterioro de las condiciones laborales y la atención de los pacientes.
“Ya se fueron 200 médicos y los residentes están con un paro por tiempo indeterminado y sin guardia”, sostuvo Norma Lezana, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Garrahan. En ese sentido, advirtió: “Los médicos de planta no llegan a cumplir la demanda, son más de 500 camas y no hay respuesta de la Dirección ni del ministro (Mario) Lugones”.
La dirigenta sindical confirmó que los trabajadores presentarán una denuncia penal por abandono de persona. En este marco, aseguró que “Atendemos pacientes que de no ser asistidos a tiempo pueden morir”. El conflicto se agravó por los bajos salarios. Según Lezana, “es necesario resolver el tema salarial, no se puede pretender que un médico viva por $700 mil. Nos están llevando a una situación límite. No se puede trabajar así y la Dirección no hace nada. No deriva pacientes”.
Para este jueves 29 de mayo, los trabajadores evalúan realizar un nuevo paro con atención limitada a las guardias mínimas. La medida se definirá en una asamblea convocada en el aula magna del hospital, donde participarán médicos, residentes, becarios, técnicos, administrativos y personal jerárquico.
El viernes 30 de mayo se realizará una audiencia pública en el Congreso de la Nación para interpelar a legisladores de todos los bloques. “El objetivo es exigir un compromiso legislativo que garantice el funcionamiento y financiamiento estable del Garrahan a través de una ley específica”, señalaron desde APyT.
La organización sindical atribuyó la crisis a “la desatención sistemática por parte de las autoridades” y aseguró que continuará visibilizando el conflicto hasta obtener soluciones concretas. En paralelo, APyT recordó que presentó una denuncia ante la Justicia laboral contra el decreto de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo, que amplió las actividades consideradas esenciales y restringió el derecho constitucional a huelga. El decreto establece que los servicios esenciales deben garantizar entre el 50 y el 75% de funcionamiento incluso durante una medida de fuerza.
Entre los sectores alcanzados por el decreto figuran la educación en todos sus niveles, la aeronáutica comercial, el transporte marítimo y fluvial, y el sector energético. Desde el gremio sostienen que el DNU atenta contra el derecho a la protesta y agrava el conflicto en el ámbito de la salud pública.
27/5/2025
