Por Redacción
Los sindicatos aeronáuticos APA, APLA, UPSA y Aeronavegantes denunciaron este lunes que el gobierno de Milei incurre en ilegalidad al intentar alterar el funcionamiento del Directorio de Aerolíneas Argentinas cuestionando la legitimidad de su representación. En este contexto, advirtieron sobre el peligro que esta situación representa para la Aerolínea de Bandera.
En tal sentido indicaron que, a diferencia de las acciones del Estado Nacional tras la reestatización de Aerolíneas Argentinas, las acciones de los trabajadores se encuentran reguladas por la Ley 23.696, que establece un régimen legal específico para la participación de los empleados en empresas privatizadas. Esta ley no incluyó a Aerolíneas Argentinas en las privatizaciones promovidas por el gobierno bajo la denominada “Ley Bases”.
Por otro lado, explicaron que la Ley 23.696 otorga una autonomía particular a la participación de los trabajadores en la empresa, prohibiendo la inclusión de funcionarios gubernamentales en el Directorio y estableciendo que los adquirentes deben gestionar colectivamente las acciones sindicadas. De acuerdo con esta normativa, el representante de los trabajadores en el mismo tiene la responsabilidad de representar a dicha categoría de accionistas, responder ante ellos y recibir instrucciones.
El intento del gobierno de desplazar al director designado por la Participación de Propiedad Privada implica una intromisión ilegal en una participación accionaria y una violación del Estatuto Social de la empresa, denunciaron los sindicatos aeronáuticos. Agregaron que la invocación de los artículos 59 y 274 de la Ley 19.550 sobre sociedades comerciales, que no corresponde al caso de Aerolíneas Argentinas, desconoce el alcance y las responsabilidades asociadas al cargo de director en una sociedad anónima.
En esa línea precisaron que el gobierno de Milei, al intentar modificar la representación en el Directorio, no solo vulneraría derechos de propiedad y la autonomía sindical, sino también afecta los derechos de los accionistas de la PPP.
Por último, fuentes sindicales indicaron que este accionar refleja una falta de límites del gobierno en su intervención en la actividad gremial y los derechos societarios y confunde el ámbito de una sociedad anónima con el del Estado al evidenciar una clara predisposición a actuar por encima de la ley y los derechos privados.
16/9/2024
