Por Redacción
La CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, junto a distintas organizaciones populares, presentaron, durante las últimas horas, en la justicia un amparo contra el Estado Nacional con el objetivo de que se declare la inconstitucionalidad y la nulidad de las resoluciones 893/2024 y 901/2024 del Ministerio de Seguridad de la Nación que auspician la creación del “Comando Unificado de Seguridad Productiva”.
Las organizaciones sindicales denunciaron que esta es “una herramienta de control y orden como mecanismo de disciplinamiento sobre la actividad sindical de los trabajadores y trabajadoras, y sus sindicatos, que permite la intervención de todas las fuerzas de seguridad en conflictos laborales, lo cual solo está reservada hasta el momento a la intervención judicial”.
La medida fue impulsada por la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y fue publicada en el Boletín Oficial el último 10 de septiembre bajo la idea de “ejecutar tareas destinadas a la prevención y control del orden en los enclaves productivos del País”, lo que habilita una “interpretación laxa y poco precisa sobre los alcances de la resolución”.
Fuentes sindicales confirmaron que “la presentación judicial advierte que la mencionada acción gubernamental atenta contra tratados internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional, al tiempo que expresa una incompatibilidad con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.
Ambas CTA y otros sindicatos nucleados en la Confederación General del Trabajo denunciaron que existe un intento sistemático de “impedir u obstaculizar el ejercicio regular de los derechos de la Libertad Sindical”. Asimismo, remarcaron: “Nos referimos con particular énfasis al Derecho de Huelga, la represión contra su ejercicio y los despidos, represalias o discriminatorios que se operativizarán por el ejercicio legítimo de la actividad sindical”.
Del mismo modo añadieron que también se trata de defender “la autonomía colectiva en orden a las acciones de autotutela gremial y desarrollo pleno de su plan de acción en la esfera externa sindical e, incluso, por la notoria afectación de la capacidad de negociación colectiva al comprometerse en tan alto grado una herramienta fundamental (la huelga) para alcanzar equilibrios indispensables en las concertaciones colectivas”.
Las conducciones sindicales alertaron sobre “un exceso y arbitrariedad en el ejercicio que ha hecho el Poder Ejecutivo a través de los actos referidos del Ministerio de Seguridad, actuando en ostensible exorbitancia de sus atribuciones y, la consiguiente, pulverización de las garantías y derechos inherentes a la Libertad Sindical constitucional, convencional y legalmente garantizado”.
5/11/2024
