Por Redacción
Las Abuelas de Plaza de Mayo presentaron un recurso ante el Juzgado Federal N° 2 de San Martín para que la Justicia ordene al Gobierno nacional asegurar el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). La organización advirtió que la administración de Javier Milei dejó sin actividad al organismo que custodia información clave para identificar a nietos apropiados durante la dictadura.
La medida judicial incluye un pedido de inconstitucionalidad contra el Decreto N° 351/2025, firmado por el presidente Milei, que le quitó al BNDG su autarquía y autonomía presupuestaria. A raíz de esa decisión, el organismo quedó sin recursos propios y sin dirección técnica, lo que interrumpió los análisis genéticos y paralizó los trámites judiciales vinculados a los casos de apropiación.
“Las Abuelas de Plaza de Mayo planteamos ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Martín, a cargo de la Dra. Alicia Vence, la inconstitucionalidad y nulidad del Decreto N° 351/2025, que deja en extrema vulnerabilidad al Banco Nacional de Datos Genéticos”, expresaron desde la organziación. Según informaron, solicitaron una cautelar de no innovar para preservar las muestras biológicas y los instrumentos necesarios para su procesamiento.
El juzgado de San Martín tiene a su cargo la mayoría de las investigaciones vinculadas a apropiaciones ocurridas en la zona de Defensa IV. En esa jurisdicción funcionaron varios centros clandestinos, como Campo de Mayo, donde nacieron al menos ocho de los nietos ya restituidos y permanecieron detenidas más de treinta mujeres embarazadas que luego fueron desaparecidas.
El decreto presidencial, dictado el 22 de mayo, subordinó al BNDG a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete. La decisión implicó un retroceso en el esquema institucional establecido por ley desde 2009, según señalaron las Abuelas. “Ese cambio entorpece la búsqueda de nuestros nietos y nietas –todos ellos víctimas de desaparición forzada», afirmaron las Abuelas en su presentación.
La organización exigió que se realice una copia de seguridad de las muestras genéticas para que queden bajo resguardo del Poder Judicial. Reclamó que se prorroguen las funciones de la actual directora técnica, Mariana Herrera Piñero, y que el Ejecutivo disponga los fondos necesarios para garantizar el trabajo del BNDG.
Las Abuelas señalaron que el organismo funciona con un presupuesto congelado desde 2023 y permanece acéfalo desde hace dos semanas, dado que no se llamó a concurso para renovar sus autoridades. Advirtieron que las tareas del banco se encuentran detenidas y que su funcionamiento se ve afectado por decisiones adoptadas por funcionarios sin formación específica en genética, como el secretario de Innovación, licenciado en Administración, y el subsecretario de Ciencia, licenciado en Psicología.
“La intervención es de facto, permanente e improcedente, pese a la protección especial otorgada al organismo por el Congreso”, denunciaron. Asimismo afirmaron que el nuevo encuadre administrativo burocratiza su labor y compromete la responsabilidad internacional del Estado argentino frente a sus obligaciones en materia de derechos humanos.
“El BNDG es un instrumento creado en y por la democracia para resolver el delito de apropiación de menores durante la dictadura y, junto con la CONADI, es clave para la protección del derecho a la identidad”, precisaron. Pidieron a la jueza Vence que asegure el cumplimiento de los mandatos constitucionales y reiteraron su objetivo de encontrar a los 300 nietos y nietas que aún faltan.
“Nunca bajaremos los brazos. Aún nos falta encontrar a 300 nietos y nietas. Los seguiremos buscando y reclamando al Estado que sostenga las políticas públicas que nos permitirán encontrarlos”, concluyeron.
12/6/2025
