Por Redacción
En un acto que fue repudiado por la mayoría de la comunidad educativa y por parte del campo político de la ciudad de Buenos Aires, la policía que responde a Horacio Rodríguez Larreta, notificó en sus domicilios a padre y madres de estudiantes que participan de las jornadas de protesta en las escuelas porteñas.
La irrupción de los agentes policiales en los domicilios particulares de las y los estudiantes se produjo en horas de la noche del último martes. En ese sentido, presentaron las notificaciones de las denuncias que se realizaron bajo la invocación de que la toma infringe el artículo 60 del Código Contravencional porteño. En tal sentido, padres y madres, junto a la comunidad educativa y centros de estudiantes denunciaron el accionar autoritario del gobierno porteño que “criminaliza la protesta y persigue al que piensa distinto”.
Las y los estudiantes que participan en los actos de pernocte precisaron que agentes de policía ejercieron actos coercitivos sobre “compañeros y compañeras que están en los colegios” y amenazas con prisión a los familiares acusados por el gobierno neoliberal de la ciudad como responsables de las tomas de colegios.
El artículo 60 del Código Contravencional reza: “Ingresar o permanecer contra la voluntad del titular del derecho de admisión -. Quien ingresa o permanece en lugares públicos, o de acceso público o privado, contra la voluntad expresa de quien tiene el derecho de admisión es sancionado/a con uno (1) a cinco (5) días de trabajo de utilidad pública o multa de doscientos ($ 200) a un mil ($ 1.000) peso”.
Dicha fugara representa una falta contravencional pero no se ajusta al legítimo derecho que ejercen las y los estudiantes en defensa de sus intereses colectivos. La distorsión política de las manifestaciones populares y la amplificación de la narrativa oficial que se permite imputar delitos inexisten a las y los estudiantes y a sus familiares directos, tensaron aún más la situación dando cuenta de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires intenta imponer una gestión represiva, unilateral y autoritaria, poniéndose por encima del Estado de Derecho.
Al mismo tiempo, las autoridades educativas del distrito más rico del país, se niegan a escuchar los reclamos de las y los estudiantes. Los mismos tienen que ver con la resolución de problemas edilicios que evidencian el abandono del gobierno bonaerense de las escuelas públicas. Así como también el tema de las viandas alimentarias en mal estado. Otro eje del reclamo tiene que ver con las prácticas laborales obligatorias que vulneran derechos sociales en nombre de una falsa vinculación pedagógica con la “cultura del trabajo”.
En este contexto, la Unión de Trabajadores de la Educación, manifestó su repudio al accionar persecutorio de la Ministra de Educación, Soledad Acuña y de Horacio Rodríguez Larreta: “repudiamos la persecución del Gobierno de la Ciudad a estudiantes y familias, con el objetivo de intimidar a las y los jóvenes que están ejerciendo su derecho a la protesta frente a la falta absoluta de escucha de la Ministra Soledad Acuña a sus reclamos”.
Del mismo modo, la organización sindical denunció que “la Ministra de «Educación» cancela el diálogo y los únicos canales que utiliza son los de los medios de comunicación. Ante los reclamos de mejoras en la cantidad y calidad de las viandas, infraestructura y mobiliario escolar, el trabajo estudiantil en condiciones precarias, hace oídos sordos y amenaza con sanciones a estudiantes y denuncias penales a las y los adultos”.
La conducción de UTE señaló por otro lado que “la utilización de efectivos de la Policía de la Ciudad para identificar, hostigar e intimidar a las y los estudiantes y sus familias nos retrotraen a épocas contrarias a los valores democráticos que construimos en las escuelas”.
“En una escalada de violencia hacia la comunidad educativa, la denuncia de Acuña a madres y padres, y la persecución policial niega y anula la voz de las y los chicos como sujetos de derecho, enmarcada en la Ley de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes”, remarcó el gremio docente de la ciudad de Buenos Aires.
Por último, UTE exigió “al Ministerio a dar marcha atrás con estas medidas persecutorias y genere canales reales de diálogo con las y los estudiantes organizados“.
