*Lucas Schaerer
La abogada Evangelina Lardone, en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, pidió este miércoles 2 de agosto, al juez federal de San Nicolás, Marcelo Bailaque, que tome indagatoria a un grupo de hombres (tres militares y un civil) que considera fueron autores de la muerte del obispo de San Nicolás, Carlos Horacio Ponce de León, simulado como accidente automovilístico el 11 de julio de 1977.
En la causa caratulada “Saint Amant, Manuel Fernando S/Muerte por causa dudosa víctima: Ponce de León, Carlos Horacio y otros”, expediente 076000009/2011, impulsa la Secretaría de Derechos Humanos nacional a que el magistrado antes citado cite a indagatoria a: Antonio Bossié, Bernardo Landa, Omar Andrada y al civil Sergio Bottini. A ellos los considera responsables de la muerte violenta de monseñor Ponce de León a quien la inteligencia militar lo seguía desde 1975 al considerarlo un “oponente” a la última dictadura militar.
Sin embargo, fuentes judiciales informaron que el juez Bailaque como el fiscal, Matías Di Lello, se encuentran a la espera de un fallo de Casación respecto así confirma o no el fallo de la Cámara de Rosario que anula la causa de provincia que encubrió la muerte violenta como “accidente automovilístico” en 1978. Al decir de otros involucrados en la causa las indagatorias no se pueden realizar aún porque la defensa de los imputados argumenta que no está ratificada la nulidad de la primera causa por la que fueron juzgados.
No obstante, en el pedido de indagatoria de la Secretaría de Derechos Humanos, que se justifica a lo largo de cincuenta hojas, figura que “la jefatura del área militar 132 y de batallón de ingenieros de combate 101 de San Nicolás, ejercida por el entonces teniente coronel Manuel Fernando Saint Amant (que a su vez dependía del primer cuerpo del Ejército, a cargo de Guillermo Suarez Mason), por intermedio de sus oficiales de en inteligencia, operaciones y logística de San Nicolás en conjunto con la delegación local de la Dirección General de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, realizó toda una tarea inteligencia y seguimientos tanto sobre el obispo como sobre los sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos de la diócesis” y que fue la Jefatura del área militar que dispuso “la eliminación física del obispo Ponce de León”.
En un documento confidencial dirigido al general Suarez Mason, con fecha 16 de diciembre de 1976, la inteligencia del Ejército en San Nicolas justifica el asesinato de Ponce de León. Para la secretaría de Derechos Humanos considera que los responsables de este documento son Bossié, capitán del batallón de ingenieros de combate 101 de San Nicolás, como oficial de operaciones y de inteligencia desde el 17 de diciembre de 1973; mientras que Landa, en ese entonces teniente primero, ejerciendo los cargos de oficial de logística en el batallón de ingenieros, como jefe de la compañía de comando y servicios; y Andrada, según su legajo fue designado el 1 de enero de 1976, jefe de la sección San Nicolás de inteligencia, donde permaneció hasta el 5 de diciembre del año 1977, y sobre él figura que “fue el órgano de inteligencia a su cargo que realizó la calificación de ‘Oponente’ de las víctimas de autos, operándose en consecuencia con las detenciones y posteriores interrogatorios y tormentos de las mismas”.
Ponce de León sufrió allanamientos ilegales en parroquias, en Cáritas, en el seminario. Además, hubo detenciones, torturas y desapariciones de sacerdotes y laicos de su diócesis, todo diagramado donde prestaban servicios Bossie y Landa, y esos creyentes también eran calificados con la denominación ‘Oponente’; la impunidad era tal que algunos operativos fueron realizados con vehículos y personal del ejército de la unidad donde prestaban servicios los imputados, según figura en la presentación del organismo de derechos humanos del gobierno nacional.
Para la secretaría de Derechos Humanos la indagatoria es por los delitos de “homicidio doblemente agravado y para ocultar otro delito o procurar la impunidad para sí o para otro”. Estos delitos se castigan con prisión de ocho a veinticinco años.
“Es fácil observar la compleja trama que estuvo detrás del homicidio de Ponce de León en la misma forma que la del obispo Angelelli en La Rioja, en donde ya existen condenas por su muerte, ya que en ambos casos estos obispos formaban parte de la Iglesia Católica, y las internas entre los distintos miembros de la Iglesia en relación a las denuncias de éstos y el silencio ante sus reclamos, favorecieron la decisión y oportunidad para cumplir con el Plan del Ejército y ‘aniquilarlos’ a estos obispos ejecutando un plan perfectamente diseñado para ocultar el homicidio bajo el manto del ‘accidente’”.
Los civiles implicados
Uno de los datos más evidentes en el expediente es que la camioneta Ford F-100 usada de barricada para el impacto del pequeño Renault 4, que manejaba Ponce de León, era propiedad de Agropolo S.A., con domicilio en Viamonte 1866 de la entonces llamada Capital Federal, “a muy pocos metros de la sede del batallón de Inteligencia 601 del Ejército y debe mencionarse que todos los edificios vecinos a esa unidad operativa eran por entonces propiedad del propio batallón”, sostiene la Secretaría de Derechos Humanos de Nación para añadir en el pedido de indagatoria que “el juez de aquella época le devolvió la camioneta, pero en el expediente no quedó constancia de la documentación que acredite su propiedad, como he referido, ni siquiera de la existencia real de Agropolo, ni de sus negocios, que nunca fueron objeto de constatación”.
Quienes se hicieron cargo de la camioneta esa mañana nublada del 11 de julio de 1977 fueron Luis Antonio Martínez, quién declaró ser empleado de la firma titular de la pick up y su supuesto acompañante Sergio Carlos Bottini, director de Agropolo S.A. La indagatoria alcanza a Bottini, porque Martínez tiene pendiente un recurso contra la resolución de la Cámara de apelaciones que anuló la sentencia del año 1978.
El otro civil en la causa es el acompañante del obispo en el auto, Víctor Oscar Martínez, quien declaró ante la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) haber sufrido por los militares privación ilegítima de libertad y tormentos, a raíz de que Ponce se dirigía a la Ciudad de Buenos Aires para entregar documentación a la Nunciatura Apostólica (embajada de la Santa Sede), relativa a la represión ilegal (secuestros y torturas) implementada en San Nicolás y también en Villa Constitución (provincia de Santa Fe) y que esa documentación involucraba al entonces general Suárez Mason, al coronel Camblor (jefe del regimiento de Junín) y más directamente al teniente coronel Saint Aman (jefe del regimiento en San Nicolás).
Clérigos cómplices
En la causa figura que la documentación que el obispo de San Nicolás llevaba en su poder desapareció sin ser reclamada por el canciller de la diócesis, monseñor Roberto Mancuso, a su vez capellán de la cárcel local.
Mientras que documentación desclasificada y aportada por el secretario de Culto nacional, Guillermo Olivieri, figura que un mes antes de la muerte del martirio del obispo, el entonces presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), cardenal Raúl Primatesta, recibe una solicitud de Ponce para que realice gestiones por un grupo de alumnos y ex alumnos del colegio Don Bosco de San Nicolás, quienes a la fecha de los hechos se encontraban en condición de detenidos/desaparecidos, luego de haber sido secuestrados en ésta ciudad, en Morón y en Capital Federal.
En San Nicolás la comunidad religiosa estaba acorralada, no sólo el obispo. Fue el caso de secuestro por unas horas de dos catequistas, una de Villa Cavalli y otra de Barrio 9 de Julio, dos barrios muy humildes, a quienes se las intimó a cesar con sus tareas en dichos barrios para no sufrir consecuencias mayores, mientras que la directora de la Escuela de Servicio Social de la diócesis fue interrogada sobre sus actividades.
En otros documentos, aportados a la causa por Olivieri (actual secretario de Culto como viene ocurriendo en los anteriores tres gobiernos justicialistas), figura que el provicario general castrense, monseñor Victorio Bonamín (ya fallecido) mantenía diversas reuniones con autoridades militares de la zona y no justamente para la defensa de Ponce de León y la grey católica que estaba perseguida.
La desaparición de dos portafolios que Ponce de León llevaba el día de su accidente, como asimismo de su correspondencia epistolar, archivo y anotaciones que él mismo llevaba de personas detenidas, perseguidas o desaparecidas es otro de los datos relevantes en la causa judicial por el complot que asesinó y encubrió el crimen del clérigo que enfrentó con parresia a los genocidas.
Tras la muerte de Ponce el encargado de la jurisdicción eclesial fue monseñor Justo Óscar Laguna. Este en su calidad de “administrador apostólico de la diócesis local” fue procesado por la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario por el delito de falso testimonio dada su renuencia a declarar –entre otros hechos- respecto de la suerte corrida por dichos archivos, como también acerca del conocimiento que tuviera sobre las amenazas sufridas por el obispo de San Nicolás.
4/8/2023
