Por Redacción
El gobierno de Javier Milei presentó este miércoles una serie de modificaciones a la política migratoria que, según afirman desde la Casa Rosada, buscan endurecer los requisitos para solicitar la residencia permanente y la ciudadanía. Asimismo, se impondrá un cobro por los servicios de salud y educación para extranjeros. Las medidas cuentan con el respaldo de figuras clave de la administración, como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, detalló que la nueva política será especialmente estricta con los inmigrantes con antecedentes penales, quienes serán expulsados del país. “La Argentina no será tierra fértil en el ingreso de los delincuentes”, aseguró. En Casa Rosada, explicó que aquellos que ingresen por pasos no habilitados serán inmediatamente expulsados.
En su presentación, sin preguntas de la prensa, Adorni destacó que aquellos inmigrantes condenados por cualquier tipo de delito serán deportados, independientemente de la gravedad de la pena. Aseguró que se acortarán los plazos de apelación en los procesos de expulsión, los cuales, según él, resultan “eternos”. “El que las hace las paga”, sentenció y resaltó que no se permitirá que quienes no respeten la ley permanezcan en el país.
Las modificaciones afectarán a los inmigrantes que se encuentren en situación irregular. A partir de ahora, aquellos que sean residentes temporales o transitorios deberán abonar los costos de los servicios de salud. Los que ingresen deberán presentar un seguro médico. Por otro lado, las universidades nacionales podrán cobrarles a los extranjeros si así lo deciden.
En cuanto a la residencia permanente y la ciudadanía, Adorni adelantó que se exigirán requisitos “más severos”. La ciudadanía solo será otorgada a quienes residan de forma continua en el país durante dos años, sin abandonar el territorio nacional. Quienes permanezcan de manera irregular ya no serán “recompensados” con la ciudadanía, como ocurría hasta ahora.
La reforma a la ley migratoria fue criticada por Adorni, quien la calificó como un sistema que “invita al caos y al abuso de muchos vivos”. En su exposición, sostuvo que en los últimos 20 años ingresaron al país 1.700.000 inmigrantes irregulares y comparó esa cifra con la población de la provincia de Tucumán o el partido de La Matanza.
Por otro lado, criticó la flexibilidad de las condiciones de deportación vigentes, mencionando que cualquier inmigrante condenado con una pena inferior a tres años puede ingresar al país sin mayores obstáculos. El anuncio de esta reforma se da en el contexto de la última semana electoral antes de las elecciones, donde Adorni, en su rol de candidato a legislador porteño, intenta aprovechar la visibilidad para mejorar su imagen.
14/5/2025
