Por Redacción
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) lanzó una dura advertencia sobre la deriva institucional de la Argentina bajo el gobierno de Javier Milei. A través de un comunicado firmado por nueve relatores del Consejo de Derechos Humanos, el organismo acusó al Ejecutivo libertario de impulsar un “ataque directo a la independencia judicial” y de promover el “deterioro sistemático de la democracia”.
La presentación, difundida el pasado 12 de julio, se centró en una serie de medidas y mensajes oficiales que, según Naciones Unidas, buscan disciplinar a jueces federales y enviar un mensaje de intimidación al resto del Poder Judicial. Una fuente del organismo internacional sostuvo: “Deseamos expresar nuestra profunda preocupación por lo que parece ser un esfuerzo organizado y deliberado para hostigar y castigar a jueces en represalia por su labor judicial”.
El caso de la jueza Karina Andrade ocupó un lugar central en la denuncia internacional. Andrade ordenó la liberación de 114 personas detenidas durante una manifestación el pasado 12 de marzo. La magistrada fundamentó su resolución al advertir que las detenciones se realizaron “sin las garantías legales necesarias”, sin informar al tribunal competente y sin precisar lugar, hora ni motivo de arresto. Tras ese fallo, recibió amenazas, agresiones personales y una campaña de desprestigio que incluyó mensajes con amenazas de muerte y violencia sexual. Los ministerios de Seguridad y Justicia anunciaron que impulsarán su destitución.
La ONU remarcó que la ofensiva oficial se profundizó con declaraciones públicas del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien vinculó a Andrade con “la justicia de la puerta giratoria” y la responsabilizó por hechos de inseguridad. Según la advertencia de Naciones Unidas, esas expresiones fomentaron represalias y violaron compromisos internacionales de derechos humanos.
Naciones Unidas subrayó el caso del juez Roberto Gallardo, perseguido tras limitar la intervención de fuerzas federales en operativos de control durante protestas sociales. Señaló que esta persecución confirma un patrón de uso del aparato estatal para estigmatizar a la Justicia y desalentar decisiones contrarias al oficialismo. Asimismo, el organismo internacional sostuvo que la criminalización de la protesta y la aplicación de normas antiterroristas contra manifestantes contradicen principios básicos del sistema democrático.
“Los actos de violencia aislados no bastan para tachar a toda una reunión de no pacífica. Las detenciones masivas son arbitrarias y constituyen castigos colectivos”, indicaron los expertos de la ONU. Por otro lado, la entidad exigió explicaciones públicas sobre cómo el Gobierno argentino garantizará la independencia judicial, el respeto a los derechos civiles y la libertad de expresión.
Hasta el momento, la administración Milei solicitó una prórroga para presentar su descargo ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos. El pronunciamiento llega en un contexto de alta tensión institucional, con denuncias de represión, persecución y ataques contra jueces que dictaron fallos contrarios a los intereses del oficialismo. La ONU advirtió que la Argentina deberá responder por un patrón de hostigamiento que podría violar tratados internacionales vigentes.
