Por Redacción
La Multisectorial del Trabajo y la Producción de Avellaneda reclamó al Gobierno Nacional por la “efectiva vigencia de la Constitución Nacional en todos sus términos”, así como también por la “recuperación del poder adquisitivo de los salarios, las jubilaciones y el salario social complementario”.
La entidad expuso a través de un comunicado que “tras una brutal e innecesaria mega devaluación del 120%, suspensión de la obra pública y recorte de las transferencias a las Provincias, el Gobierno promueve un escandaloso plan de negocios para muy pocos, en perjuicio las familias y su trabajo, las pequeñas y medianas empresas, la mayoría de la industria nacional, que se expresa parcialmente en el DNU 70/2023 y en una Ley ómnibus que en estos momentos se deben tratar en el Congreso de la Nación”.
Para la organización que nuclea a distintos sectores del quehacer productivo nacional, estas medias se impulsaron para “cumplir en exceso con las condiciones del Fondo Monetario para pagar una deuda deuda, que no se auditó, ilegalmente tomada por un gobierno irresponsable, con participación del actual Ministro de Economía, para cubrir a Fondos especulativos y concedida en contra de los propios estatutos del FMI, tal cual se denunció ante un Poder Judicial que tiene cajoneada la investigación”.
“Cada uno de los artículos tanto del DNU como de la Ley Ómnibus propician negocios o beneficios para los especuladores financieros y los grandes evasores impositivos, las corporaciones exportadoras de producción primaria (agropecuaria, minera, petrolera), concesionarios de servicios públicos-energía eléctrica, gas, comunicaciones -, grandes comercializadoras como las cadenas de supermercados en detrimento del comercio de cercanía, empresas oligopólicas y prebendarias, como las principales alimenticias, proveedoras de insumos difundidos, siderúrgicas y armadoras”, añadió el espacio productivo.
En ese plano rechazó el “innecesario plan ajustador y liquidador del Gobierno, el DNU 70/2023, la denominada Ley Omnibus, reclamando al Congreso Nacional su rechazo, y al Poder Judicial su suspensión y correspondiente declaración de inconstitucionalidad”.
18/1/2024
