Por Redacción
En las últimas horas, la gestión de Javier Milei avanzó en una fuerte intervención en el Ministerio de Salud, que incluye la eliminación del Instituto Nacional del Cáncer (INC) y del Instituto Nacional de Enfermedades Cardiovasculares (INEC). Las medidas forman parte de una reestructuración que afecta la organización y la gestión de la salud pública en Argentina, así como la a calidad de vida de las y los argentinos.
Mario Lugones, ministro de Salud, justificó la decisión oficial sobre la eliminación del INEC al argumentar que “fue creado por ley en 2015, pero nunca fue puesto en funcionamiento: no contó con sede, personal ni presupuesto asignado. Su estructura existía solo en el plano normativo”. Por su parte, el INC fue reorganizado como unidad técnica dentro del Ministerio, perdiendo autonomía.
El Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMET) pasó a depender del Instituto Malbrán para evitar duplicidad de funciones, ya que “desarrollaba allí la mayoría de sus actividades”, según indicaron fuentes oficiales. El Gobierno también eliminó las Delegaciones Sanitarias Federales y derogó la facultad del Poder Ejecutivo para crear nuevos hospitales del sistema SAMIC, que incluye centros como el Hospital Garrahan y el Hospital El Cruce.
Desde la cartera señalaron que “la salud es competencia de las provincias” y aseguraron que los hospitales actuales “seguirán funcionando con normalidad”. No obstante, esta decisión limita la expansión de la red hospitalaria pública. Asimismo, se creó la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES) para unificar la gestión de cinco hospitales nacionales bajo la dirección de Diego Masaragian, actual director de Hospitales en el Ministerio.
Según el Ejecutivo, esta medida responde a “la detección de graves irregularidades en los procesos de licitación, servicios tercerizados y compra de insumos, reveladas por auditorías realizadas en el marco del Plan de Eficiencia de Hospitales Nacionales”. Desde Casa Rosada indicaron que “la ANES no implica la aparición de nuevas instituciones, sino la consolidación de los cuatro organismos existentes en una única entidad descentralizada. Esta unificación permite reducir estructuras innecesarias y facilitar la normalización de precios en la adquisición de bienes y servicios”.
De este modo, ANES centralizará las licitaciones de servicios como seguridad, limpieza y cocido de alimentos para los cinco hospitales, buscando optimizar recursos. Desde Salud informaron que “planeamos que la licitación sea una para los cinco hospitales”, medida que probablemente provoque una reducción en el número de trabajadores contratados.
El Ministerio justificó esta reducción asegurando que “cada hospital tenía sobrecarga de personal en los pliegos” y que “en seguridad hay un montón de tecnología que se puede aplicar, podés generar un sistema de alarmas que reduzca el tamaño necesario de la plantilla”. Del mismo modo, el gobierno reaccionario reiteró falazmente que “los recursos son limitados y la eficiencia en su uso se ha convertido en un imperativo. Lo contrario, implicaría la vulneración de derechos fundamentales de la población y de los contribuyentes”.
Estas decisiones reflejan una política de ajuste y centralización administrativa en un momento donde la demanda de salud pública crece y los recursos permanecen insuficientes. La eliminación y fusión de organismos clave, junto con la limitación para ampliar la infraestructura hospitalaria, generan dudas sobre la capacidad del sistema público para garantizar la atención sanitaria adecuada en Argentina.
