Por Redacción
La Cámara Federal de San Martín ordenó la liberación de Eva Mieri, presidenta del bloque de concejales de Unión por la Patria (UxP) en Quilmes, tras permanecer detenida durante 13 días por participar, supuestamente, de una actividad de protesta política contra el legislador José Luis Espert. La decisión judicial representa un revés para la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien había rechazado la excarcelación y mantuvo una postura claramente persecutoria.
Los camaristas Alberto Lugones y Néstor Barral fundamentaron la liberación en la ausencia de riesgos procesales que justificaran la continuidad de la prisión preventiva. “A contrario de lo argumentado por la a quo (Arroyo Salgado), no se explican cuáles serían, por caso, aquellas diligencias probatorias que podrían verse frustradas o entorpecidas en caso de que la causante recupere su libertad ambulatoria”, expresaron los magistrados.
Asimimso, refutaron la supuesta maniobra de “vaciado completo” del celular de Mieri, señalando que carece de respaldo técnico suficiente. Respecto al riesgo de fuga, destacaron que la edil se identificó correctamente durante el allanamiento, no intentó evadir la justicia, tiene un trabajo registrado, una residencia fija y no posee antecedentes penales.
Respecto al supuesto riesgo de entorpecimiento de la investigación por el vaciado del celular de Mieri, los camaristas indicaron que esa acusación carece de respaldo técnico suficiente. Sobre un posible intento de fuga, remarcaron que la imputada se identificó correctamente en el allanamiento, no intentó escapar, tiene trabajo verificado, residencia fija y carece de antecedentes penales.
La acción de repudio contra el Diputado libertario ocurrió el 16 de junio, cuando un grupo de personas arrojó bolsas con excremento animal y colocó un cartel frente a la casa de Espert, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, conocido por su frase “cárcel o bala”. El referente libertario opera como provocador y hace uso del ejercicio de la violencia verbal contra sus opositores políticos. La propia Patricia Bullrich, adepta a la persecución política, impulsó una campaña de desprestigio contra militantes políticos que supuestamente participaron en la acción de repudio.
En este marco, el Partido Justicialista Nacional reclamó la liberación de las detenidas y respaldó la denuncia presentada en el Consejo de la Magistratura por los legisladores Mariano Recalde y Vanesa Siley contra la jueza Arroyo Salgado, a quien acusan de ordenar la “detención arbitraria e incomunicación” de siete personas, cinco de las cuales siguen privadas de libertad.
Este caso expone la impronta persecutoria del Gobierno libertario, que usa la violencia judicial para amedrentar a quienes lo enfrentan. Por su parte, Espert practica la violencia y la provocación como herramientas políticas, con declaraciones que incitan a la represión. La combinación de estas actitudes profundiza la violencia institucional y social en el país.