*Por José Carlos Rosario Sánchez
Hace poco, el Congreso de la República del Perú aprobó por mayoría el ingreso de un aproximado de mil soldados estadounidenses armados a suelo patrio, esto bajo la justificación de que servirían de apoyo técnico para la capacitación en materia bélica del ejército nacional.
Desde una perspectiva externa, el evento no constituiría nada extraño, sería simplemente que una nación independiente está dando permiso a un contingente militar foráneo con la finalidad de que este ayude en la tarea permanente de capacitación y modernización; sin embargo, si nos acercamos un poco y analizamos los elementos que han configurado el escenario contemporáneo, la verdad resulta ser una más siniestra.
Las actuales instituciones políticas peruanas se encuentran sumamente deslegitimadas por su papel en la generación de la crisis social que vivimos en el país, y dentro de esa línea de razonamiento, al ver que su posición es endeble ante el pueblo, están buscando el respaldo de un país potencia en su objetivo de seguir manteniéndose en el poder.
No es secreto en el Perú que ambos, el legislativo y la actual gestión del ejecutivo, son culpables de la convulsión social que se produjo hace unos cuantos meses, el primero por su permanente actitud obstruccionista y golpista al gobierno del actualmente encarcelado Pedro Castillo, y la segunda por haber reprimido salvajemente las protestas que se produjeron a lo largo y ancho del territorio nacional, en donde fallecieron de manera muy lamentable más de 60 ciudadanos.
Si bien las movilizaciones en contra del gobierno fachada de la aventurera política de Dina Boluarte, que realmente se encuentra bajo el control de sectores oligárquicos, fueron apagadas con sangre y fuego, eso no ha permitido una consolidación del régimen, sino que por el contrario ha abierto la puerta a que se geste en la conciencia colectiva un malestar por la situación general de la República.
La gente ya se siente hastiada del sistema mismo enarbolado por la Constitución de 1993, obra del dictador Alberto Fujimori, y eso claramente preocupa al estamento empresarial que actualmente ostenta en la práctica en el poder. El libre mercado rapaz, la excesiva estabilidad jurídica que se les da a las corporaciones transnacionales, y la desregulación laboral, figuras que están expuestas la mencionada carta magna, ya no son calificadas de panacea a los problemas sociales, sino que ahora son tachadas de causas de la desigualdad existente en el país.
El gobierno y la mayoría congresal honestamente temen un estallido, por lo cual han solicitado auxilio material al águila norteña, no importándole si en su actuar lesiona los sagrados principios de soberanía nacional por los cuales los titanes de San Martín y Bolívar lucharon enconadamente. Estados Unidos, cuyo lugar hegemónico en el mundo se ve debilitado ante la emergencia de la China Popular y la Rusia de Putin, no ha visto mejor oportunidad de afianzar su control en la región que tradicionalmente ha conceptualizado como su “patio trasero”, y por tanto se ha lanzado gustosa a la empresa sugerida por los nuevos felipillos, sin mencionar las pingues ganancias económicas que el complejo industrial-militar obtendrá en el proceso.
Las acciones del establishment peruano son preocupantes en el sentido de que van a recibir refuerzos bastante importantes por parte del imperialismo yanqui, pero también son muestra de debilidad, porque demuestra que ya no confían plenamente en las fuerzas armadas nacionales para su defensa.
Quizás hayan notado que hay sectores inconformes en el ejército que puedan interferir en sus planes, lo cual sería un avance relativamente positivo en el esquema general de las cosas. Algo que el gobierno fujimorista de los años 90 pudo concretizar efectivamente fue romper la confianza entre una parte del pueblo y el ejército, a través de la utilización de tácticas de guerra sucia por el último durante el Conflicto Armado Interno. Reparar tal brecha constituiría un avance en la construcción de un binomio indestructible cuya puesta en práctica sería un paso hacia adelante en la construcción de un sistema que verdaderamente corresponda a los ideales comunitarios de la patria.
Por el momento, solo nos queda condenar enérgicamente la grosera intromisión de Norteamérica en asuntos peruanos, y esperar que la innegable agudización de las contradicciones entre el actual gobierno antinacional y el pueblo pueda resolverse con la menor utilización de la violencia. Esto dependerá mayoritariamente, claro, del desapego al poder que tenga el primero.
*Director del Departamento de Derecho de la Revista Laboral de Logos & Ethos. Miembro de la Federación de Estudiantes de Perú.
5/6/2023
