Por Redacción
Los sindicatos agrupados en la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina (FeMPINRA) iniciaron una campaña de recolección de firmas para solicitar a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso Nacional que intervenga con urgencia para anular el Decreto 383/25 que otorga al Ministerio de Seguridad facultades para aplicar procedimientos que violan la Constitución Nacional.
En su pronunciamiento, la FeMPINRA advirtió que el Decreto 383/25 y el Plan de Inteligencia Nacional 2025 desconocen principios y garantías establecidos en los artículos 1, 14, 14 bis, 18, 19, 28, 33, 43 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional y en tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional.
El pedido elevado a la Comisión Bicameral incluye cinco puntos. En primer lugar, reclama “la remisión íntegra del Plan de Inteligencia Nacional 2025 en cumplimiento del artículo 32 de la Ley 25.520”. El segundo punto, solicita “convocar de forma urgente a las autoridades del Ministerio de Seguridad y de la Agencia Federal de Inteligencia para brindar explicaciones públicas ante esta Comisión”.
En tercer lugar exige “emitir dictamen sobre la constitucionalidad y legalidad del Decreto 383/2025 y del PIN 2025 a la luz del principio republicano de división de poderes y del bloque de constitucionalidad federal”. El cuarto plantea “proponer la derogación de las disposiciones del Estatuto de la Policía Federal Argentina que contrarían estándares internacionales en materia de derechos humanos y promover un marco normativo democrático y transparente para las funciones de seguridad e inteligencia”.
En quinto lugar, la Federación exigió “impulsar la creación de un mecanismo ciudadano autónomo de control y rendición de cuentas de los organismos de inteligencia como forma de garantizar transparencia, legalidad y respeto a los derechos humanos”.
En este marco, la conducción de la FeMPINRA remarcó que “el control parlamentario no es una formalidad: es la última frontera de defensa del Estado de Derecho frente a la concentración opaca de poder”. Sostuvieron que la Comisión Bicameral “tiene hoy la responsabilidad histórica de ejercer esa función”.
