Por Redacción
La Central de Trabajadores de la Argentina, junto a diversas organizaciones y personalidades de Derechos Humanos, presentó una solicitud a la Cámara de Senadores para rechazar por completo el proyecto de Ley de Abordaje Integral del Crimen Organizado. En este marco, las distintas organizaciones denunciaron que la normativa impulsada por el Ejecutivo liberal “está plagado de problemas dogmáticos que vulneran, entre otras cosas, institutos elementales básicos”.
Asimismo, señalaron que se vulneran principios como el “de legalidad, el principio de responsabilidad por el hecho del que se es autor (derecho penal de acto), al atribuir sanción penal a una persona por integrar un grupo determinado sin haber cometido ningún hecho», afirman en la presentación”.
De este modo las distintas organizaciones cuestionaron el proyecto que ya fue tratado en el Plenario de Comisiones a modo informativo. Precisaron que “además de estas cuestiones muy graves, como la supresión de garantías procesales y conflictos de jurisdicción -entre otros-, el proyecto se explaya sobre otros aspectos más preocupantes que se vinculan con las diversas autorizaciones de actuación que brinda a las fuerzas de seguridad”.
Asimismo, argumentan sobre su “inconstitucionalidad, inconvencionalidad”, ya que el proyecto pretende “una reforma ilegal del estado de sitio constitucional”, dado que “se podrían instaurar la denominada ‘Zona de investigación especial’ con atributos discrecionales para las fuerzas de seguridad de ‘detener personas sin orden judicial reemplazando la exigencia legal de ‘sospecha de comisión de un delito’ de los códigos procesales del país por el ligero motivo de ‘averiguación’ por plazo de hasta 30 días (art. 6)”.
En a solicitud las Organizaciones Libres del Pueblo plantearon que el proyecto de ley implica “supresión de garantías procesales constitucionales y convencionales” y genera “un conflicto jurisdiccional federal y otras inconstitucionalidades”. Al mismo tiempo, cuestionaron: “¿Cuál es el objetivo real de la denominada Ley Antimafia?”.
Afirmaron que “la respuesta a la pregunta efectuada al final del anterior apartado, debe ser analizada a la luz de diversas políticas económicas y sociales del actual gobierno, en combinación con los decretos y protocolos en materia de seguridad, y otros proyectos de ley en materia penal sancionados y en ciernes”.
Finalmente, remarcaron que este proyecto se inscribe “en el marco de toda una serie de respuestas represivas que desde el decreto 70/23 y la denominada ley Bases, el gobierno ha venido impulsando”.
21/1/2025
