Por Redacción
A fines de noviembre de 2024, un grupo de 15 diputados del bloque oficialista La Libertad Avanza presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley denominado “Ley de promoción de inversiones y empleo”, que incorpora reformas que afecta directamente a la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). Según los defensores de la iniciativa, el objetivo es mejorar las condiciones para la inversión y el empleo, pero para los sindicatos y analistas, se trata de una regresión en los derechos laborales adquiridos.
El Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma analizó el contenido del proyecto y señaló que las modificaciones, en su mayoría, responden a demandas históricas de los obstáculos que se habían manifestado en otros proyectos, como el DNU 70/23. Entre las principales modificaciones propuestas se encuentran cambios al principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales, lo que podría dejar a los trabajadores sin protección ante reducciones salariales o recortes de otros beneficios adquiridos.
Modificaciones a la LCT: los puntos clave
El proyecto impulsado por el oficialismo incluye reformas que afectan varios aspectos claves de la legislación laboral argentina. A continuación, se detallan los puntos principales:
- Renuncia a derechos laborales : El proyecto propone que los trabajadores puedan renunciar a condiciones que superen los mínimos establecidos por la ley o los convenios colectivos. De ser aprobado, un trabajador que perciba un salario superior al mínimo podría verse obligado a aceptar una reducción salarial si así lo decide el empleador, bajo la amenaza de perder su puesto de trabajo.
- Modificación unilateral de las condiciones laborales : Actualmente, los países deben respetar las condiciones pactadas en los contratos de trabajo. Si las modifican de manera unilateral y sin justificación razonable, el trabajador puede reclamar judicialmente la nulidad del cambio. La propuesta de reforma eliminaría esta posibilidad, permitiendo que los cambios sean impuestos sin la intervención judicial.
- Conceptos no remunerativos : El proyecto reabre la puerta a los bonos no remunerativos, una práctica que había sido derogada en 2007. Estos bonos, destinados a la compra de alimentos y otros gastos, no se consideran salario y, por lo tanto, no están sujetos a aportes jubilatorios ni se toman en cuenta para la liquidación de indemnizaciones.
- Vacaciones flexibles : En cuanto a las licencias anuales, el proyecto establece que las vacaciones podrían ser otorgadas en cualquier momento del año y en períodos de una semana como mínimo, algo que flexibiliza ampliamente las condiciones actuales, que limitan el período de vacaciones a los meses. de octubre a abril.
- Jornada laboral y contratos de cero horas : Una de las modificaciones más controversiales habilita a los convenios colectivos de trabajo a modificar la jornada laboral, permitiendo una disponibilidad total del trabajador sin un mínimo de horas aseguradas, lo que podría afectar gravemente la organización del tiempo personal y familiar de los empleados.
- Revisión de licencias por enfermedad : El proyecto también propone la creación de un mecanismo de revisión oficial de los certificados médicos presentados por los trabajadores, lo que implicaría que los trabajadores pudieran cuestionar la validez de las licencias por enfermedad no vinculadas al trabajo, bajo la supervisión. de peritos oficiales a carga de los costos.
- Tercerización en el trabajo agrario : Se incluye una modificación en la ley 26.727 que facilitaría la subcontratación de trabajadores en el sector rural, lo que disminuiría la responsabilidad de los principales empleadores ante incumplimientos laborales de los subcontratistas.
- Indemnizaciones en cuotas para PyMES : Por último, el proyecto permite que las pequeñas y medianas empresas (PyMES) paguen las indemnizaciones por despidos laborales en hasta 12 cuotas, un beneficio que solo se extiende a las PyMES y no a otras empresas empleadores.
Reacciones y críticas
El análisis realizado por el Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma cuestionó fuertemente la iniciativa y argumentó que la reforma no favorecerá a los trabajadores y precarizará aún más las condiciones laborales de los trabajadores. “Este proyecto no apunta a mejorar el empleo, sino a flexibilizar y desmantelar derechos fundamentales”, expresaron desde la Central. Al mismo tiempo, alertaron sobre el impacto negativo que tendría la reforma en la calidad de vida de los trabajadores.
En paralelo, varios sindicatos y partidos de oposición ya han manifestado su rechazo, al considerar que la reforma laboral se enmarca dentro de una serie de medidas que buscan erosionar las conquistas históricas del movimiento obrero. El oficialismo, por su parte, defiende el proyecto como una herramienta para fomentar las inversiones y reducir el desempleo, un argumento que no ha logrado calar en sectores de la sociedad que ven en esta reforma una clara regresión de los derechos laborales adquiridos.
16/1/2025
