Por Redacción
El acceso a la vivienda en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires continúa deteriorándose. Según el último informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), el salario mínimo en junio apenas alcanzó para cubrir el 69,6% del valor de un alquiler promedio de monoambiente. El informe expuso un mercado cada vez más excluyente, donde el aumento de precios, la dolarización de contratos y el deterioro del poder adquisitivo avanzan sin freno.
El CESO afirmó que “en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los altos precios impiden a gran parte de la población alquilar siquiera un monoambiente medio, empujándoles hacia zonas con infraestructura y servicios de menor calidad”. La advertencia reflejó no sólo una crisis de ingresos, sino una expulsión silenciosa de trabajadores hacia márgenes urbanos sin servicios esenciales.
El análisis mostró que las expensas representan, en promedio, el 24,2% del precio de un alquiler. Este cargo adicional, que antes se mantenía bajo control, hoy impacta con más fuerza sobre los inquilinos y vuelve impagable el total mensual. En este contexto, cada vez más personas quedan fuera del mercado formal.
La dolarización avanza sobre la oferta: el CESO indicó que “el 22% de las ofertas son en dólares”. Esa cifra marca una tendencia de especulación, con valores atados a una moneda extranjera en un país donde los ingresos están pesificados. El fenómeno no sólo reduce la disponibilidad real, sino que acentúa la desigualdad en el acceso.
Mientras tanto, el gobierno libertario sostiene un modelo de desregulación total. La oferta de viviendas en alquiler creció un 8,2% respecto a junio del año pasado, pero ese incremento no mejoró la situación de quienes buscan alquilar. En lugar de precios más accesibles, lo que aumentó fue la rentabilidad para propietarios y empresas inmobiliarias.
El CESO explicó que “este informe mensual refleja la evolución de los alquileres en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, y lo hace en un momento crítico donde el Estado se retira del mercado habitacional. Sin marcos regulatorios efectivos, la vivienda se convirtió en una mercancía sujeta a la lógica del lucro.
El impacto recayó sobre jóvenes, trabajadores, jubilados y familias enteras que destinan más de la mitad de sus ingresos a sostener un techo. Mientras la inflación castiga y los salarios se estancan, la respuesta oficial es el silencio. La política libertaria, que promueve una libertad de mercado sin reglas, profundiza la desigualdad y deja sin opciones a quienes alquilan.
Lejos de resolverse, la emergencia habitacional se agrava cada mes. Con un salario mínimo que ni siquiera cubre un monoambiente y con el avance de contratos dolarizados, la vivienda se vuelve un privilegio. El mercado inmobiliario crece, pero no para quienes trabajan: crece para quienes especulan.
