Por Redacción
La Corte Penal Internacional emitió este jueves órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, por su presunta responsabilidad en crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Las acusaciones abarcan el período comprendido entre el 8 de octubre de 2023 y el 20 de mayo de 2024, en medio del conflicto con Gaza.
El CPI indicó en un comunicado que “la Sala de Cuestiones Preliminares parecía que la conducta de Netanyahu y Gallant entraba dentro de su jurisdicción”. El fallo destacó que la corte ya había extendido previamente su competencia a la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, lo que permitió incluir estos territorios en la investigación por presuntos abusos durante el conflicto.
Según la Corte, existen “motivos razonables para creer” que ambos políticos fueron coautores de crímenes de guerra, incluido el uso de inanición como método de guerra, y crímenes de lesa humanidad como asesinatos y persecuciones. Se los acusa de “responsabilidad penal como superiores civiles” por dirigir ataques directos contra la población civil, lo que agravaría aún más la situación humanitaria en Gaza.
Las órdenes de detención han sido clasificadas como “secretas” para proteger a los testigos y asegurar el curso de las investigaciones. En paralelo, la Corte dictó otra orden de detención contra Mohammed Diab Ibrahim al Masri, conocido como ‘Deif’, acusado de ser el autor del atentado de Hamás el 7 de octubre, aunque Israel informó sobre su muerte en julio, lo que generó controversia sobre el impacto de su caída en las investigaciones.
La CPI denunció que Netanyahu y Gallant “privaron intencionadamente a la población de Gaza de alimentos, agua, medicamentos, combustible y electricidad”. El falló estimó que esta acción dificultó la labor de las organizaciones humanitarias y afectó la capacidad de los hospitales para atender a los heridos. “Se obligó a los médicos a operar sin anestesia, causando gran sufrimiento”, puntualizó el tribunal, destacando la difícil situación de los civiles atrapados en el conflicto.
La Corte también observó que las decisiones sobre la ayuda humanitaria a Gaza eran “condicionales” y no cumplían con las obligaciones internacionales de Israel. Las restricciones impuestas por Tel Aviv, junto con los cortes de electricidad y combustible, contribuyeron a la escasez de agua y la falta de recursos para el sistema de salud en el enclave palestino, lo que agravó aún más la crisis humanitaria.
La decisión del IPC podría complicar aún más las negociaciones para un alto el fuego en el conflicto. No obstante, la medida tiene un alcance limitado, ya que Israel y su principal aliado, Estados Unidos, no son miembros del tribunal. Además, varios de los responsables de Hamás han muerto en el conflicto, lo que podría reducir el impacto práctico de las órdenes de detención en el futuro cercano.
Dmitri Gendelman, asesor político de Netanyahu, rechazó la decisión de la Corte y señaló que “la CPI ha decidido ignorar las pruebas presentadas por Israel”. En esa línea acusó a la Corte por “ponerse del lado de la guerra regional lanzada por Irán”. El defensor israelí imputó al tribunal de “apoyar una campaña de desinformación antisemita” que busca aislar a Israel de sus aliados y fomentar ataques terroristas contra el país.
21/11/2024
