Por Redacción
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) declaró el pasado miércoles que el cambio climático representa un «riesgo universal existencial» y que es causado inequívocamente por la actividad humana. El tribunal advirtió que los Estados miembros tienen el «deber» de prevenirlo y actuar para evitar daños al medio ambiente.
Yuji Iwasawa, presidente de la CIJ, afirmó que las emisiones de gases de efecto invernadero son «inequívocamente causadas por actividades humanas» y que sus efectos trascienden las fronteras nacionales. El funcionario explicó que «las consecuencias del cambio climático son severas y de gran alcance, afectan tanto a ecosistemas naturales, como a poblaciones humanas. Estas consecuencias subrayan la amenaza urgente y existencial que supone el cambio climático».
La opinión consultiva emitida por la Corte, solicitada en abril de 2023 por la Asamblea General de la ONU, establece que el derecho internacional obliga a los Estados a «prevenir daños significativos al medio ambiente actuando con la debida diligencia» y a «utilizar todos los medios a su alcance» para impedir que actividades bajo su jurisdicción causen perjuicios al sistema climático y otros componentes del medio ambiente. El tribunal determinó que los Estados deben cooperar entre sí «de buena fe» para evitar esos daños.
António Guterres, Secretario General de la ONU, calificó la opinión como «histórica» y señaló que «deja claro que todos los Estados están obligados, en virtud del derecho internacional, a proteger el sistema climático global». En tal sentido, sostuvo que «los jóvenes de las Islas del Pacífico iniciaron este llamado a la humanidad al mundo. Y el mundo debe responder». Asimismo, destacó que se trata de «una victoria para nuestro planeta, para la justicia climática y para el poder de los jóvenes para marcar la diferencia».
Respecto a las consecuencias legales, la Corte indicó que incumplir estas obligaciones constituye un hecho internacionalmente ilícito. El tribunal dictaminó que un Estado responsable debe cesar las acciones u omisiones ilícitas; proporcionar garantías de no repetición cuando corresponda; y reparar íntegramente a los Estados afectados mediante restitución, indemnización y satisfacción.
El deber de prevención requiere que los Estados adopten medidas «apropiadas», «consistentes», «rápidas» y «sostenibles» para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. La Corte señaló que «la falta de certeza científica absoluta no debe usarse como pretexto» para la inacción.
La CIJ subrayó que estas obligaciones no surgen únicamente de tratados multilaterales, sino que forman parte del derecho internacional consuetudinario, por lo que aplican a todos los Estados, independientemente de si forman parte o no de acuerdos climáticos. Se enfatizó la responsabilidad de cooperación, especialmente en cuanto a financiamiento, transferencia tecnológica y apoyo a los países más vulnerables, y se aclaró que los Estados deben actuar con diligencia y no a su propio ritmo.
La solicitud de opinión consultiva llegó tras un pedido de la Asamblea General en abril de 2023, que buscaba clarificar las obligaciones estatales para proteger el sistema climático de las emisiones humanas y las consecuencias jurídicas derivadas. El tribunal destacó la particular vulnerabilidad de pequeños Estados insulares en desarrollo, así como de los pueblos y generaciones presentes y futuras afectados por el cambio climático.
Aunque las opiniones consultivas de la CIJ no son vinculantes, poseen un peso moral y se utilizan como referencia en tribunales nacionales e internacionales. Actualmente, existen cerca de 3.000 litigios climáticos en marcha en unos 60 países. Esta opinión fue emitida tras audiencias públicas celebradas entre el 2 y el 13 de diciembre de 2024, donde 96 Estados y 11 organizaciones internacionales presentaron declaraciones, constituyendo la mayor participación en la historia del tribunal.
El dictamen se difundió después de la publicación de un informe interagencial que mostró que en 2024 la inversión en energías limpias superó la destinada a combustibles fósiles. António Guterres afirmó: «El futuro de la energía limpia ya es un hecho irreversible».
El titular de la ONU llamó a acelerar la transición global hacia energías renovables y explicó que los costos de generar electricidad con energía solar y eólica son ya inferiores a los de los combustibles fósiles, marcando un punto de inflexión irreversible en la economía energética mundial.
Guterres enfatizó que «la energía limpia no solo combate el cambio climático, sino que impulsa el desarrollo económico, la creación de empleos y la seguridad energética». Añadió que mientras el petróleo y el gas generan volatilidad y dependencia geopolítica, «el sol y el viento proporcionan autonomía, estabilidad y un recurso inagotable».