Por Redacción
El Ministro de Trabajo, Claudio Moroni, firmó el último jueves un acuerdo que posibilita el diseño de políticas públicas en función promover y consolidar la prevención y erradicación de la trata de personas, con el representante del Comité Ejecutivo Contra la Trata y Protección y Asistencia a la Víctimas y con la Confederación General del Trabajo. De la firma del mismo intervino también Marcelo Pedehontaa, representante del Consejo Federal del Trabajo.
Moroni señaló que “la trata de personas es un tema fundamental para Argentina y lo hemos ido atacando no solo con palabras sino con hechos. El consejo Federal ha demostrado ser una herramienta muy buena. Venimos trabajando con AFIP en registraciones, en unificar criterios de actas. No tengo más que palabras de agradecimiento”.
El funcionario remarcó “la importancia de tejer redes, no solo con las provincias sino con organizaciones para no quedar “en grandes proyectos que después no coinciden con la realidad”.
En tanto, Vera añadió: “las primeras luchas contra el trabajo forzoso vinieron del movimiento obrero, al igual que la lucha por las ocho horas de trabajo, o el 17 de octubre en Argentina donde el estatuto del peón rural fue el primer grito latinoamericano institucional en el ámbito rural”.
“Este programa constituye la primera política pública diseñada específicamente para la inclusión laboral de víctimas de Trata y explotación de personas y tiene una Asignación Básica equivalente al monto de un salario mínimo, vital y móvil”, remarcó Pamela Ares, Subsecretaria de Políticas de Inclusión en el Mundo Laboral.
El convenio tiene como objetivo el diseño y la implementación de políticas destinadas a la prevención y lucha contra la trata de personas en el ámbito laboral y trabajo forzoso, por intermedio de la cueles se contemplará “la importancia de incorporar una perspectiva de género en el desarrollo de los programas y tareas de fiscalización”.
Por último, el Ministerio de Trabajo informó que “se llevarán a cabo acciones destinadas a promover, desarrollar e implementar programas y herramientas informáticas, mapeos, calendarización de actividades a fines de fiscalizar donde sea frecuente la detección de trabajadoras y trabajadores explotados e intercambiar información entre organismos”.
20/5/2022
